156 familias de Curicó interpusieron una demanda colectiva contra la constructora Galilea S.A., vinculada al senador Rodrigo Galilea (RN), por los graves daños provocados en sus viviendas tras las inundaciones del 2023.
Los hechos ocurrieron en agosto del año pasado, cuando el sistema frontal que afectó a la región del Maule provocó la crecida del estero Guaiquillo, ubicado a pocos metros del conjunto habitacional Parque Zapallar.
La crecida del estero fue tal que algunas casas del lugar quedaron sumergidas a casi dos metros de profundidad, dejándolas inhabitables. Otros residentes tuvieron que desembolsar más de 50 millones de pesos para reparar los graves daños en la infraestructura.
Días después de la tragedia, el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, reveló que el proyecto se edificó sobre suelo prohibido, ya que el lugar estaba catalogado como «zona de alto riesgo de inundación» en el plan regulador de la ciudad.
Según denunció el edil, la constructora Galilea «construyó algunas de estas casas fuera de los marcos legales y más allá de lo que el plano regulador de la comuna permitía». Esto se habría realizado bajo la administración del entonces director de Obras Municipales Carlos Figueroa, quien luego fue removido del cargo y sancionado.
Cabe destacar que el plan regulador que establecía el riesgo de construir en esa zona fue promulgado por el propio senador Rodrigo Galilea, quien en ese entonces era Intendente Regional del Maule y meses antes había sido representante legal de Galilea S.A.
Demandantes piden indemnización
Los afectados aseguran en la demanda que las inundaciones les generaron «un profundo daño patrimonial y moral», dejando a algunos de ellos incluso con tratamiento psicológico. Por lo anterior, piden una indemnización de $38.335.798.572.
El documento acusatorio señala que la empresa Galilea S.A. «estaba en conocimiento, antes de la construcción del proyecto Parque Zapallar, que los terrenos en cuestión poseen una alta probabilidad de inundación en el tiempo».
Por esto, los demandantes acusan a la constructora de actuar «con una deliberada ceguera» al no tomar medidas para «evitar, o al menos contener, los riesgos hacia la vida y salud» de las familias del conjunto habitacional.
La demanda ya fue admitida por el Segundo Juzgado Civil de Talca y ahora deberá ser notificada al representante legal de la empresa, Álvaro Tapia Bravo.
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