Por Aschly Elgueda, Marcela Vargas e Irma Díaz, Red Docente Feminista (REDOFEM)
En Chile la crisis de la educación es evidente: La deserción de más de 40.000 estudiantes en 2021 y el déficit docente de casi un 19% de profesoras/es que se requerirán para el 2025, son síntoma de la deuda de la democracia con el derecho a la educación, con quienes nos desempeñamos en ella y con las comunidades educativas: estudiantes y sus familias.
Para las familias también es evidente: Un 97,7% de los padres, madres y/o apoderados consideran que la violencia escolar en el sistema educativo en Chile es un problema grave o muy grave.
No es viable ignorar estos problemas. Nosotras sostenemos que tampoco podemos resolverlos ni comprender las dificultades que tienen estudiantes, trabajadoras y familias, sin una perspectiva feminista y crítica de género. Así como no es posible avanzar en las demandas del movimiento feminista sin transformar la educación.
Según la ONG internacional Bullying Sin Fronteras, entre los años 2020 y 2021 hubo un aumento de un 40% de las denuncias por maltratos físicos y psicológicos en los establecimientos educacionales, pasando de 3.760 casos a 5.934.
Las profesoras sabemos que la palabra “bullying” esconde temas como violencia de género, racismo o transfobia. Las tareas domésticas y de cuidado son una de las principales razones de la deserción escolar y las niñas y jóvenes más pobres son las que tienen mayor riesgo de abandonar sus estudios.
Entre 2005 y 2015, más de 10 mil niñas menores de 15 años fueron madres. Sin embargo, la Educación Sexual en Chile comienza recién a los 14 o 15 años, cuando se inicia la educación media y con un foco esencialmente preventivo-biologicista.
La conmemoración del 8 de Marzo en las escuelas es una oportunidad para reflexionar sobre la desigualdad y las violencias que impactan a niñas, jóvenes y mujeres y sobre cuál es el compromiso de las escuelas frente a este problema.
La escuela como institución tiende a ser un lugar de producción, pero también de reproducción de ciertas prácticas y saberes entendidos como establecidos y naturalizados en el espacio social y público y que, muchas veces, los espacios educativos reproducen. Ejemplo de esto es la violencia hacia las mujeres y disidencias sexuales y de género, reforzando un reflejo de lo social en la escuela, de cómo se relacionan los cuerpos en función de su sexo-género.
Detener la violencia en las escuelas, por lo tanto, no sólo es construir comunidades educativas más seguras, sino también una sociedad más justa. Para esto, es necesario que las familias se involucren en las relaciones de enseñanza y aprendizaje, no como árbitros, jueces o clientes, sino como miembros de la sociedad civil que confían y se comprometen con una educación que transforme el futuro de sus hijos e hijas.
Una educación que ofrezca igualdad de oportunidades o que sea inclusiva, como demandan muchas familias, no puede ser sexista: Al contrario, una educación libre de sexismo es el camino hacia una real transformación y una oportunidad para intervenir y detener la violencia de los espacios escolares, arraigada en la diferencia sexual y de género. De esta manera, se pone de manifiesto la desigualdad al habitar el espacio social y público en general, y en particular, el espacio educativo, las aulas.
Tenemos la convicción de que una educación libre de violencias es posible y que una educación feminista no sólo es una herramienta que permite vidas libres de violencia en las salas de clases, sino que además reestructura, desde los cimientos, la sociedad en su totalidad.
Para transformar la escuela no bastan hitos aislados o simbólicos. Hay maneras concretas que hemos propuesto hace años desde las luchas feministas: Un currículum no sexista que visibilice el rol de las mujeres en las distintas áreas, la formación de docentes y de la comunidad educativa en temáticas de violencia sexual y de género, la elaboración de protocolos de género en todas las instituciones educativas y, por supuesto, una ley de Educación Sexual Integral (ESI), la cual podría integrar todas estas demandas.
Apelamos por una ESI que incorpore la afectividad como un elemento central, puesto que educar en relaciones respetuosas y seguras es condición para abordar la violencia. Hablar con y desde el consentimiento es urgente, para no volver a poner en duda la palabra de quien es víctima de la violencia sexual y/o de género.
Una educación que comprenda la interacción estudiante-escuela con principios mínimos e internacionalmente aceptados, como son los Derechos Humanos, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad. Quienes se oponen a abordar estos temas son los mismos sectores que han empobrecido las escuelas y que hoy usan los problemas de familias, estudiantes y profesoras para sacar provecho político, diciendo que son problemáticas para abordar en lo privado y no en lo público.
Las escuelas como espacios de socialización secundaria, luego de la familia, se constituyen como núcleo de la reproducción de la violencia hacia mujeres y disidencias sexuales y de género. Pero también vemos las escuelas como espacios de resistencia, de revolución cotidiana, en donde cada día está en nuestras manos la posibilidad de cambiarlo todo.
A 50 años del Golpe de Estado que permitió la privatización de la educación en Chile, no olvidamos a las profesoras, asistentes de la educación y estudiantes que lucharon y luchan contra los discursos y políticas que heredamos de la Dictadura, y que persisten hasta el día de hoy como una deuda de la democracia con la educación.
Soñamos con desbordar los márgenes que condicionan los caminos de infancias y juventudes con identidades diversas, con orígenes e intereses diversos. En nuestras aulas como trinchera, deseamos nuevas generaciones sin sesgos de género, con foco en los derechos humanos, donde nos eduquemos permanentemente para abolir todo tipo de violencia, como un compromiso que atraviesa a todas las comunidades.
Para que nunca más tengamos que lamentar que una estudiante no llegue sana y salva a su hogar o los suicidios de infancias y juventudes a quienes no se les reconoció el derecho a la identidad, el derecho a ser diferentes, a ser disidentes y existir.
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