Cuando el pasado 17 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó la despenalización del aborto en tres causales, nadie esperaba que pasarían más de cuatro meses sin que la iniciativa -una de las principales promesas de campaña de la presidenta Bachelet- registrara movimiento en el Congreso Nacional.
Cinco días después, la propuesta inició su tramitación en el Senado, quedando instalada en la Comisión de Salud que hoy lidera la presidenta de la DC, Carolina Goic. Desde entonces, no existe una fecha segura de votación del proyecto en general ni urgencia legislativa, lo que ha provocado la molestia de figuras al interior del oficialismo, como el senador PS Fulvio Rossi, quien aseguró que el proyecto está siendo dilatado.
En medio del duro debate que la interrupción del embarazo todavía genera en la Nueva Mayoría, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, anunció que el gobierno se comprometió a convertir la iniciativa en ley antes del próximo 31 de enero de 2017. «Vamos a hacer todos los esfuerzos para seguir esa cronología», recalcó. Una promesa que no satisface del todo a los sectores que se han movilizado por años buscando la tramitación del aborto y que hoy vuelven a recordar la urgencia del tema.
Así lo comenta Rosario Puga, investigadora feminista: «Me parece que el camino que ha tomado el gobierno debilita el proyecto, lo pone en riesgo y en ese sentido es una irresponsabilidad enorme. Es el incumplimiento grave de un compromiso político que yo creo tiene que ver con un momento muy particular de la propia Nueva Mayoría donde el desgaste material ya es insostenible».
La tramitación aún debe recorrer un largo camino: Después de ser aprobado por la Comisión de Salud, tendrá que pasar por las comisiones de Hacienda y Constitución antes de ser votada en la sala del Senado.
La rencilla electoral que obstaculiza la tramitación
Luego de que el PPD le pidiera al ministro del Interior, Mario Fernández, aprobar la iniciativa antes de las elecciones municipales de octubre próximo, quedó en evidencia el rol que juega la disputa electoral en el debate sobre la despenalización del aborto.
Mientras desde un sector de la DC esperan posponer la discusión para después de las elecciones, con el objetivo de transparentar el rechazo del partido hacia la iniciativa del Gobierno, otros partidos de la Nueva Mayoría están preocupados de «dar una señal» a la ciudadanía ante los mal llamados temas valóricos.
«Hoy día, antes de las municipales, tenemos que dar una señal concreta de que se tiene que hacer una discusión en general, porque si vamos a entrar en una discusión en las elecciones municipales es bueno que la gente sepa qué piensa cada parlamentario, qué piensa cada partido, sobre los temas del aborto terapéutico», recalcó el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete.
Las divisiones al interior del oficialismo se ven reflejados en la postura sostenida por la ministra Claudia Pascual, quien aseguró que «este es un proyecto que no es fácil de tramitar«. Sin embargo, fue el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, quien aseguró que la ley será aprobada antes del fin del actual periodo legislativo y que el debate en general, en tanto, deberá producirse antes de las elecciones municipales del 23 de octubre.
En este sentido, la investigadora y feminista Rosario Puga asegura que en los próximos trámites legislativos reinará la incertidumbre. «Hay una renuncia a la prioridad, pero también hay una renuncia a proteger y a blindar el proyecto como salió de la Cámara de Diputados: aquí se está poniendo el proyecto en riesgo porque se permite que distintos sectores tengan la posibilidad de introducir cambios, se puede simplemente destruir lo conquistado en el primer trámite».
La figura del acompañamiento en los planes de la DC
La Democracia Cristiana ha jugado un rol protagónico en la postergación del debate desde antes de su ingreso al Parlamento. Esta vez, son los senadores de la falange quienes piden que la discusión se realice después de las municipales, asegurando que es necesario discutir qué medidas se adoptarán para el acompañamiento a las mujeres que se enfrentan a tomar una decisión.
Los programas de acompañamiento, que contempla la ley, han sido uno de los caballitos de batalla de los detractores del proyecto. La ex senadora Soledad Alvear, hoy sin cargos de representación popular, ha jugado un rol estratégico al interior de la DC intentando posicionar los planes de acompañamiento que buscan incidir en la decisión final de las mujeres, persuadiéndolas a no concretar el aborto.
En opinión de Melissa Sepúlveda, ex presidenta de la FECh y activista, la DC «está jugando todas sus fichas dentro del Senado y atrasando lo que mas pueden el proyecto. También están tratando de meter cláusulas en relación a la supervisión medica, intentando hacer exigible el acompañamiento y la consejería hacia mujeres que decidan realizarse un aborto».
En efecto, los senadores de la DC se reunieron el pasado lunes con Alvear, quien sumó al encuentro al abogado experto en derecho penal Gonzalo García y al médico ginecólogo Sergio Valenzuela, con la idea de reforzar el programa de acompañamiento del proyecto. Hace meses, la incorporación de esa medida fue un requisito para que los diputados de la falange permitieran el avance de la iniciativa en la Cámara. Hoy, analizan si deben agregar nuevas modificaciones al proyecto.
Sepúlveda, quien también es estudiante de Medicina, recalca que estos planes de acompañamiento pueden resultar «un proceso de re victimización para las mujeres que han sufrido una violación, por ejemplo. Lo que se recomienda es que la consejería sea opcional para las mujeres, pero que en ningún caso sea condicionante para realizar el aborto. Además ocurre que hay retraso del inicio del procedimiento en que se hace exigible esta consejería».
Para Catalina Angulo, militante del colectivo Acción Violeta y de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, las presiones que la DC ejerce sobre la Nueva Mayoría han provocado un vuelco a la derecha dentro de la misma coalición «que ha significado un desmedro en todas las reformas planteadas para el movimiento social».
Feministas volverán a movilizarse en las calles
Desde el movimiento social que ha acompañado la demanda por un aborto libre, el actual proyecto del Ejecutivo no cubre más del 5% de los abortos clandestinos que se realizan en Chile. Por ello, hoy trabajan en una agenda transversal que aborda diversas formas de violencia que hoy sufren las mujeres en el país.
Según comenta Catalina Angulo, los colectivos feministas preparan una movilización para el próximo 25 de julio, donde se conmemora la toma de la Catedral de Santiago por diversos grupos a favor del aborto durante 2014.
«Nuestra intención como varias coordinadoras feministas y organizaciones en el país es volver a poner el tema en la palestra precisamente marcando como un hito el nuevo aplazamiento del proyecto de ley, pero también demostrando la insuficiencia de lo que se ha propuesto en la reforma. Nosotros exigimos el aborto libre, no las 3 causales que significan un porcentaje mínimo dentro de todas las causales de aborto», argumenta.
Para otras feministas, como Rosario Puga, el rol de presión que juega la sociedad civil ha sido muy débil desde el ingreso del proyecto al Senado y las organizaciones deberán volver a marcar presencia en el debate. Melissa Sepúlveda, sin embargo, apunta que existió confianza inicial en que el proyecto -patrocinado por el Gobierno- seguiría su curso.
«Pensábamos que era algo que ya tenía su curso propio, sin embargo la incoherencia del Gobierno vuelve a ponerse en evidencia en este caso: hay incongruencia entre la creación del Ministerio de la Mujer y darle más peso a los derechos sexuales y reproductivos, pero por otro lado ponerle freno al proyecto de ley, el emblema de un paso mínimo para la recuperación de nuestros derechos», finalizó.
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