Una querella criminal por estafa interpusieron 65 locatarios del patio 2 de la Macroferia de Talca.
La acción penal, presentada ante el Juzgado de Garantía de dicha ciudad, es en contra de todos los que resulten responsables en la Municipalidad de Talca por este delito.
«Se trata de una respuesta desesperada a diversas promesas incumplidas y perjuicios provocados por el municipio, que haciendo caso omiso a sus propias promesas y a los dineros pagados por los feriantes, busca desalojarlos», explicó el abogado Raúl Leiva.
El profesional, quien representa a los feriantes, asegura que han sido víctimas de estafa, pues el municipio, «por medio de agentes, cuya entidad y responsabilidad deberá establecerse en el curso de la presente investigación penal», los engañó y les causó graves detrimentos monetarios.
«Derechamente engañaron a los locatarios invitándolos a participar de una estructura sumamente compleja para la administración de la Macroferia, existiendo una disposición patrimonial y un grave perjuicio monetario, porque no obstante a que cumplieron a cabalidad los pagos de arrendamiento pactados, no solo fueron despojados de la administración de la Macroferia, sino que también de los espacios físicos que han utilizado por más de 16 años, en circunstancias que la misma Municipalidad los invitó a invertir», señala la querella.
El conflicto
El conflicto se remonta al año 2017, cuando el actual alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, incitó a más de 600 feriantes a sumarse a una sociedad para que pudiesen compartir la administración de la Macroferia, teniendo que desembolsar cada uno entre $1 millón y $3 millones por acción, llegando incluso muchos de ellos a endeudarse para participar.
Según el acuerdo, los locatarios tendrían una participación de un 49% en la sociedad “Nueva Macroferia de Talca S.A.”, y el restante 51% quedaría para la Corporación Municipal, donde Díaz también era la máxima autoridad.
La promesa del edil era construir en un plazo de 5 años una Macroferia a la altura de la zona, ya que es el segundo centro de distribución de frutas y verduras frescas más grande de Chile después de Lo Valledor.
Además, proponía mejorar las deficiencias existentes, de aseo, infraestructura y seguridad, lo que nunca sucedió según los comerciantes.
En este contexto, la Municipalidad de Talca realizó un contrato de arrendamiento por los terrenos con la Corporación Municipal, la que a su vez suscribió un contrato de subarrendamiento con la Sociedad «Nueva Macroferia de Talca» por el mismo terreno.
Sin embargo, después de 17 meses de iniciado este complejo sistema, el municipio dio término anticipado al contrato con la Corporación porque ésta dejó de ingresar los pagos a las arcas municipales, y, por ende, al subarrendamiento.
«Pese a que los comerciantes pagaron sagradamente durante ese periodo, nunca se entregó explicaciones de qué pasó con los más de $900 millones. El propio alcalde se negó a rendir cuentas por la gestión de la Corporación Municipal que presidía», denuncia el abogado Raúl Leiva.
De esta manera, agregó el profesional, «de forma unilateral el edil decidió que la administración de la Macroferia volvía a la Municipalidad, modificando el Reglamento Interno de Funcionamiento, desconociendo la titularidad de los puestos de los feriantes y dejándolos como transitorios».
«Además, llegó a un acuerdo con el Concejo Municipal por los montos adeudados, por costos mucho menores, tan solo por $700 millones», añadió.
Inminente desalojo
Los feriantes del patio 2 de la Macroferia de Talca se encuentran al borde del desalojo y de perder los puestos de trabajo que han tenido por más de 16 años.
«Los feriantes del Patio 2 de la Macroferia de Talca somos personas humildes, honestas y trabajadoras, que sólo queremos que se cumplan los compromisos adquiridos por parte del municipio, formalizar nuestra labor y tener un mejor recinto para trabajar tranquilos y entregar un buen servicio a la comunidad», afirmó el presidente del Sindicato de Trabajadores del Patio 2 de la Macroferia de Talca, César Toledo.
Finalmente, desde la organización sindical informaron que esta acción legal se suma a una apelación presentada ante la Corte Suprema, para evitar el desalojo a más de 700 comerciantes, y a otra querella criminal donde aparecen involucrados funcionarios municipales por partes empadronados falsos.
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