Fernando Atria, candidato constituyente: «Nos hemos acostumbrado a una forma política donde nadie responde por nada»

Fernando Atria L. (1968) es abogado y profesor en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Famoso por identificar las trampas de la Constitución y predecir que el problema constitucional se resolvería “por las buenas o por las malas”, y por ser el abogado de la profesora María Angélica Ojeda en su lucha contra las AFP, actualmente es candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10, que comprende las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, La Granja y San Joaquín.

En conversación con El Ciudadano, Atria recuerda lo que originó en gran parte el actual proceso constituyente: La tremenda crisis de legitimidad de las instituciones políticas, «que yo creo que tiene una profundidad totalmente inédita», apunta el abogado.

«Eso tiene su origen, en buena parte, en la Constitución de 1980, y la cultura política que fue creando durante los últimos 30 años, que es una cultura política que es incapaz de tomar decisiones transformadoras. Simplemente no puede. Entonces llevamos 15 años, por lo menos, de observar una demanda de transformación del modelo neoliberal que ha ido surgiendo y creciendo desde la sociedad de modo persistente», añade Atria.

Y enumera: Secundarios el 2006, Hidroaysén y los universitarios el 2011, NO más AFP después, y en 2018 el Mayo Feminista. «Lo que observamos entonces es que la sociedad demanda una transformación y la política no puede darla, y como no puede darla, los ciudadanos llegan a la conclusión que la política no existe para ellos, que no es para procesar las demandas sociales, sino para servir otros intereses, los intereses de la clase política. Eso es lo primero que la nueva Constitución necesita cambiar, hacer que la política sea vista por los ciudadanos como la medida de su poder».

Este es uno de los tres grandes lineamientos de su candidatura a delegado constituyente. ¿Cuáles son los otros dos?

«El segundo, que se acabe con la idea tan típicamente chilena del estado subsidiario, que en el fondo es el estado neoliberal, que vela por los intereses del mercado, y reemplazarlo por un estado democrático y social de derecho, para decirlo en términos del constitucionalismo europeo, cuya función sea realizar derechos sociales, salud, educación, seguridad social, trabajo, cultura, vivienda, igualdad de género, etc».

«Y el tercero, crear un Estado e instituciones que permitan que los ciudadanos podamos discutir y decidir sobre el modelo de desarrollo chileno. ¿Por qué nosotros estamos obligados a ser sujetos pasivos de un desarrollo rentista y extractivista? ¿Por qué no podemos decidir que no queremos ese desarrollo para Chile? El Estado debe asumir un rol de orientación estratégica del desarrollo, de modo de devolver a los ciudadanos el poder para decidir el tipo de desarrollo que se quiere para el país».

Pandemia y responsabilidad política de Piñera

Mientras conversamos con Fernando Atria, la pandemia recrudece sus índices y las críticas hacia la gestión del gobierno de Piñera aumentan. Algunos diputados insistieron hace algunos días que el Senado se pronuncie sobre cómo opera el mecanismo para inhabilitar al Presidente por incapacidad.

¿Cómo visualiza Atria la situación actual?

«Así como el gobierno reclamaba crédito por la campaña de vacunación, la contrapartida de eso es que el Gobierno tiene responsabilidad por la evolución de la pandemia. O sea, no puede el gobierno pretender autocelebrarse cuando las cuestiones resultan bien y eludir su responsabilidad cuando resultan mal. Por cierto, en la evolución de la pandemia, sobre todo a la luz de discusiones que tuvimos hace poco, sobre emitir permisos de vacaciones, toda la discusión del regreso a clases presenciales en las escuelas, yo creo que el gobierno tiene gran responsabilidad, por el estado actual de la pandemia y por la situación sanitaria que es preocupante».

Dado el actual contexto: ¿Deben caer responsabilidades políticas?

«Nosotros en general, pues no tiene que ver con la pandemia ni con este gobierno solamente, nos hemos acostumbrado a una forma política donde nadie responde políticamente por nada. Es una política habitualmente irresponsable, entonces a mi no me extrañaría que la responsabilidad del gobierno acá fuera ignorada, pero de que es responsable políticamente de la situación actual, es así. Bastaría preguntarnos qué estaría diciendo el gobierno si tuviéramos índices sanitarios especialmente positivos, con muy pocos contagios, etc. Lo que estarían diciendo es que eso, es mérito del gobierno. Pero eso mismo vale cuando el manejo no es exitoso y cuando la situación llega al punto en que estamos hoy día».

¿Cómo abordar este aspecto en el proceso constituyente que se está por iniciar? Responde Fernando Atria: «La nueva Constitución necesita contener mecanismos de participación directa y ahí yo pensaría especialmente en la iniciativa popular de ley y en plebiscitos revocatorios, pero sobre todo de leyes. Creo, por ejemplo, que hubiera sido muy sano que después de que nos enteramos cómo se dictó la ley de pesca, hubiéramos podido pronunciarnos si queríamos que esa ley siguiera vigente o no».

«Otra cosa», agrega, «son los mecanismos -que deben ser habituales- de responsabilidad política. Yo creo que estos no deben ser mecanismos excepcionales, de “ultima razzio” como se dice respecto a la acusación constitucional. Tienen que ser mecanismos habituales, que el gobierno responda habitualmente sobre lo que está haciendo y lo que no está haciendo. Esta es una de las razones que me llevan a pensar que un régimen parlamentario es mucho más adecuado que un régimen presidencialista, porque ahí el gobierno debe estar rindiendo constantemente cuentas ante los representantes del pueblo».

Impuesto a los super ricos: «No es lo único»

La última edición de la Forbes señaló que varios multimillonarios chilenos, incluido el Presidente de la República, Sebastián Piñera, incrementaron notablemente sus fortunas durante el periodo de la pandemia. Por ello, parece haberse generado un consenso en varios sectores de la Oposición, respecto a la necesidad de aplicar un impuesto a los «super ricos».

Quisimos conocer la opinión de Fernando Atria al respecto: «Yo diría una cosa general y una particular sobre el impuesto a los super ricos», parte señalando. «La observación general es que el sistema tributario chileno en los hechos es un sistema que es neutral a la redistribución. El índice de Gini chileno antes y después de impuestos es prácticamente igual. Esto contrasta notoriamente con países que son mucho más igualitarios, estoy pensando en Finlandia por ejemplo, que tiene un índice de concentración del ingreso muy alto, parecido al chileno, antes de impuestos, pero que después de impuestos se desploma».

«Eso, en el caso chileno, el índice que mide la concentración del ingreso, se mantiene prácticamente igual antes y después de los impuestos, lo que quiere decir que nosotros tenemos un sistema tributario que no tiene efectos en la distribución del ingreso, y eso en un país tan desigual como Chile es una vergüenza. Nosotros tenemos el sistema tributario que le conviene a los ricos. Un sistema que no afecta la distribución general».

«En ese contexto, el sistema tributario tiene que cumplir un rol en la distribución del ingreso, la cuestión no es solamente el impuesto a los super ricos, hay que considerar el hecho de que parte importante de los ingresos estatales viene de impuestos como el IVA, que se paga más por los más pobres que por los más ricos. Yo esperaría que la nueva Constitución considere una transformación considerable del sistema tributario».

«La población en general han sufrido las consecuencias de las medidas que han debido ser adoptadas por la pandemia de un modo especialmente intenso, mientras al mismo tiempo los más ricos aumentan su riqueza. Yo creo que, la verdad, es que argumentos de justicia contra el impuesto a los super ricos no existen. Se justifica totalmente a estas alturas. Es innegable», afirma Atria.

¿Y qué pasa con los conflictos de intereses? A raíz del mismo Piñera, el aumento de su fortuna y todo lo relacionado al «Caso Enjoy», ¿cómo se podría abordar esto en el proceso constituyente?

«Es difícil de abordar el tema del conflicto de intereses, pero el fideicomiso ciego que hay ahora es peor que nada, porque da una apariencia de ‘solución’ al problema, que permite que la cuestión salga de la discusión pública, pero en los hechos deja todo tal como estaba, pero ahora, más encima, cubierto con una apariencia de solución que en realidad no es solución alguna».

«¿Cómo se aborda este problema en la nueva Constitución? Quien quiera acceder a una magistratura como la Presidencia de la República tendrá que desvincularse totalmente del manejo de sus intereses, pero desvincularse no a través de un contrato que se puede deshacer a voluntad, como es el fideicomiso ciego, sino a través de mecanismos legalmente sancionados y protegidos por sanciones penales, y que sea lo más público posible. Habrá que pensar eso con más detalle y buscar formas jurídicas que puedan enfrentar este problema, porque la situación actual tiene las consecuencias que estamos viendo: el caso Enjoy es solo una más de ellas», enfatiza.

Derechos Humanos: Amnistía para los presos del estallido

Fernando Atria ha declarado varias veces estar de acuerdo con una amnistía para los presos del estallido social, apuntando a la hipocresía que significa, por un lado, celebrar el proceso hacia una nueva Constitución, y por otro, castigar penalmente a quienes se movilizaron para lograrlo.

«Este gobierno se ha hecho responsable de acciones que nosotros pensábamos que no íbamos a ver más en Chile después de la dictadura. Recientemente hemos visto allanamientos en poblaciones como era en dictadura. Eso es la demostración de lo que este gobierno significa, yo creo que esa es la cuestión fundamental, este es un gobierno para el cual los DDHH, el derecho de los ciudadanos a manifestarse, es de segundo orden, es poco importante, no le preocupa», afirma categórico Atria.

«En términos de las personas que están en prisión preventiva, yo lo he dicho ya varias veces. Creo que hay una contradicción entre celebrar la oportunidad que para Chile representa el proceso constituyente, y mantener una evaluación puramente penal de los hechos que ocurrieron a partir del 18 de octubre. Yo creo que se justifica la idea general que se ha propuesto de un indulto general, aunque yo creo que sería mejor una amnistía».

«Se justifica una decisión hacia los hechos de violencia propiamente política, los desórdenes en la vía pública y ese tipo de cosas, porque una cosa distinta es la violencia individualizada contra personas. Pero los hechos de violencia de esas características, ocurridos desde el 18 de octubre en adelante, no pueden ser tratados como hechos delictivos, porque fueron hechos que contribuyeron a que se abriera un proceso constituyente que hoy día, todos celebran. Yo creo que hay una cierta hipocresía en celebrar el proceso y condenar de la manera más total y radical a los que, de hecho, fueron los que lo hicieron posible».

En ese sentido, concluye el abogado, la reparación efectiva de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, puede perfectamente ser un principio constitucional.

«La regla general de que las violaciones a los DDHH deben ser reparadas, bien puede ser un principio constitucional. La solución particular a los casos es una cuestión que tiene que darse a través de los procedimientos que existan, y uno esperaría que hubiera procedimientos ágiles para determinar eso, y responsabilidad del gobierno en llevarlos adelante, pero si el gobierno no asume esa responsabilidad, se debe poder hacer a través de mecanismos que no dependan de la colaboración del gobierno, porque este gobierno por ejemplo, no va a dar ninguna colaboración real», sostiene el candidato constituyente.

Es posible, entonces: «Hay un principio general de que la violación a los DDHH implican la obligación y la responsabilidad del Estado de repararlos, ese principio bien podría tener rango constitucional», cierra Atria.