Fijan formalización de Javiera Blanco y exgenerales de Carabineros por malversación de gastos reservados

La Fiscalía Centro Norte formalizará el próximo 5 de octubre a la exministra de Justicia y subsecretaria de carabineros, Javiera Blanco y a 3 generales en retiro por la eventual malversación de 47 millones de pesos de gastos reservados.

La audiencia de formalización fue solicitada al tribunal por la fiscalía después de más de un año de investigación, ya que la querella fue presentada en marzo de 2020.

La querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) indica que, Javiera Blanco, valiéndose de su calidad de Subsecretaria de Carabineros, recibió pagos improcedentes en su calidad de funcionario público, entre septiembre de 2006 y el 11 de marzo de 2010, por una suma total no inferior a $47.300.000.

De acuerdo a información de Radio Bío Bío la entrega de los dineros de gastos reservados de Carabineros eran recibidos en sobres de papel, primero mensualmente y luego trimestralmente.

aunque la querella del CDE nombra a 15 personas, la Fiscalía Centro Norte solo pidió formalizar a 7. Aparte de Javiera Blanco,se encuentran los exgenerales directores Eduardo Gordon (2008-2011), Gustavo González Jure (2011-2015) y Bruno Villalobos (2015-2018). Además, la querella también individualiza a los generales en retiro Iván Whipple Mejías, exdirector de Finanzas; Flavio Echeverría Cortez, exjefe de la Unidad de Intendencia de Carabineros; y Héctor Zúñiga Pailamilla, exjefe de la Dirección de Presupuesto (Dipres) de la región Metropolitana.

Los exfuncionarios serían formalizados por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.

Cabe recordar que tras su salida del gobierno de Michelle Bachelet en 2016, Blanco fue designada como consejera del Consejo de Defensa del Estado, cargo que ocupó entre 2017 y 2018.

Su renuncia se debió a sus vinculaciones con irregularidades en el caso Sename, relacionado con la muerte de 878 niños, niñas y adolescentes en dicha institución.

A él, se sumo el caso Ascar, ligado al Programa de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias (Ascar), donde se habría contratado a personas, pero que finalmente terminaron cumpliendo otras funciones, desviándose así más de $3 mil millones.

Tras realizarse las investigaciones correspondientes, Blanco fue sobreseída de los cargos y las investigaciones fueron cerradas.