¿Fin del privilegio de la justicia militar? Corte Suprema apoya limitar su jurisdicción en casos de DD.HH.

El pasado lunes 25 de noviembre el tribunal pleno de la Corte Suprema se reunió para analizar el proyecto de ley que: “Modifica el código de justicia militar, con el objeto de excluir de la jurisdicción militar el conocimiento de hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos”.

El referido proyecto corresponde al boletín N° 17.054-02, que actualmente se encuentra en etapa de primer trámite constitucional en el Senado, sin urgencia para su tramitación.

«En síntesis, el proyecto de ley busca restringir la competencia de los tribunales militares al consagrar expresamente en la ley la competencia de la justicia civil para el conocimiento de eventuales violaciones a los derechos humanos que involucren a funcionarios militares activos”, planteó el informe que fue remitido al día siguiente a la presidencia del Senado.

Cambios al Código de Justicia Militar

En concreto, la iniciativa propone modificar el Código de Justicia Militar, específicamente en orden a restringir la competencia de la justicia penal militar respecto de aquellos hechos que eventualmente puedan constituir una violación a los derechos humanos, «aun cuando estas sean cometidas por militares».

Al respecto, «la moción plantea que siempre se entenderá que los hechos revisten tal calidad en los casos en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) intervenga como querellante».

«El objetivo del proyecto consiste en consagrar expresamente en la ley la competencia de la justicia civil para el conocimiento de eventuales violaciones a los derechos humanos que involucren a funcionarios militares activos», indicó el documento.

Mayor claridad en criterios para determinar competencias

Tras analizar su contenido, el pleno de ministros indicó que si bien la iniciativa de ley «se enmarca en una tendencia seguida por la jurisprudencia y la doctrina, en orden a limitar la competencia de la jurisdicción militar, en especial respecto a este tipo de violaciones en donde el Estado es garante de los derechos humanos», el proyecto requiere mayor claridad en los criterios para determinar competencias.

«La norma proyectada merece ser analizada a la luz de establecer criterios objetivos en la ley, que permitan determinar la competencia de los tribunales civiles en esta materia”, señalaron desde el máximo tribunal.

“Asimismo, la moción requiere ser revisada en tanto no resulta adecuado desde el punto de vista del derecho al juez predeterminado en la ley, y de la igualdad de armas de los litigantes, que la competencia de los tribunales se determine por un acto de parte –el INDH–”, indicaron en un comunicado de prensa del Poder Judicial.

Ver el informe (PDF)