El fiscal José Morales, de la Fiscalía Centro Norte, ingresó el pasado viernes a tribunales la acusación en contra del excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, contra quien solicitó una pena de 15 años de cárcel por los delitos reiterados de malversación de caudales públicos y lavado de dinero.
También se acusó a la cónyuge del retirado militar, Ana María «Anita» Pinochet, para quien solicitó una pena de 10 años y un día por su rol en maniobras de ocultamiento del origen del dinero fiscal malversado.
La Fiscalía solicitó -en el caso de ser condenados en juicio oral- el comiso de cinco propiedades del matrimonio: una parcela en el exclusivo barrio de Las Brisas de Chicureo y cuatro departamentos en la comuna de Las Condes.
En la acusación se describen las conductas delictivas que les imputan a Fuente-Alba, quien se habría apropiado sistemáticamente de dineros provenientes de los gastos reservados que tenían otro propósito.
«En el desempeño de su cargo como comandante en Jefe del Ejército, el imputado Fuente-Alba, ejerciendo el mando superior de esta institución, instruyó verbalmente a quien se desempeñaba entonces como director de Finanzas del Ejército, para que parte de los recursos fiscales recibidos por concepto de gastos reservados fueran entregados en forma parcializada, y de acuerdo a requerimiento verbal del propio imputado de una cantidad total de $ 2.980.000.000 a razón de $ 745.200.000 anuales, con el objeto de ser destinados a lo que se denominó como recursos extraordinarios del comandante en Jefe del Ejército o recursos de libre disponibilidad”, se lee en el escrito.
Fallas en el mecanismo de prevención del lavado de activos
Durante seis años de investigación a las cuentas de la familia Fuente-Alba y dando trazabilidad a sus gastos, el Ministerio Público logró establecer cómo el matrimobnio se habría apropiado de dineros fiscales.
En su acusación, el fiscal Morales reveló que los recursos eran recibidos por los oficiales de Ejército que se desempeñaban como jefe de finanzas de la Comandancia en Jefe de Ejército, en dinero en efectivo -ya sea en dólares o en pesos chilenos- sin que quedara registro contable o de otra naturaleza, que diera cuenta del gasto posterior de los fondos fiscales regulados por la ley 19.863″.
«Este último oficial luego de retirar los fondos desde la dirección de Finanzas del Ejército procedía a guardarlos en la caja fuerte mantenida especialmente para tales efectos en la Comandancia en Jefe del Ejército, hasta que recibía la instrucción del destino específico que debía darles de acuerdo con la correspondiente orden del imputado Fuente-Alba en su calidad de CJE, y cuyo destino no estaba orientado al cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país», plantea la acusación.
Al respecto,Morales recordó que «el señor Fuente-Alba tenía a su disposición una gran cantidad de recursos como consecuencia de los gastos reservados, estamos hablando de alrededor de 1.100 millones de pesos al año y dos millones de dólares, que hasta el año 2020 tenían una regulación bastante precaria que permitían obviamente que estos dineros no tuviesen ningún tipo de control después que eran extraídos desde BancoEstado en dinero en efectivo».
«Después no había ninguna trazabilidad de cómo se gastaba, ningún reporte documental de cómo se gastaban estos bienes y en el caso del imputado Fuente-Alba, si es que eran gastados en fines propios», dijo en declaraciones a Radio Cooperativa,
Morales señaló que las investigaciones revelaron que «hay autos comprados con tarjeta de crédito, aparentemente una trazabilidad lícita, pero después usted analiza como se pagan estas tarjetas de crédito y se pagan muchas veces con dinero en efectivo».
«Es evidente que todo el mecanismo de prevención del lavado de activos, que en nuestro país es bastante importante y liderado por la Unidad de Análisis Financiero, falló absolutamente. En el caso de las automotoras no falló por una cuestión que uno no se explica, las automotoras no están incluidas en aquellos sujetos que deben remitir o reportar operaciones sospechosas, como los bancos por ejemplo», agregó.
El persecutor destacó que los bancos «facilitaron muchas operaciones para los efectos que esta persona siguiera con sus delitos y se aprovechara de los bienes que se había apropiado del patrimonio nacional. Hay que recordar que se trata de fondos públicos, no son fondos privados, lo cual agrava más la conducta».
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