Continúa la pugna entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Fiscalía Nacional tras la decisión del primero de no querellarse más contra empresas involucradas en casos de financiamiento irregular de la política.
Una nueva discusión tomó lugar este miércoles, en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, en Valparaíso, donde se revisó el proyecto de ley formulado en 2015 por el diputado Jorge Tarud que busca retirar la exclusividad del SII para perseguir delitos tributarios.
En la instancia participó el fiscal nacional, Jorge Abbot, quien reiteró sus declaraciones a La Tercera, en cuanto a que la iniciativa podría evitar que se muela «carne de gente pobre» y, de esta forma, resguardar la igualdad ante la ley.
El director de Impuestos Internos, Fernando Barraza, manifestó que el libelo perjudicaría la recaudación fiscal del ente, y que, desde 2008, se han presentado querellas que no han servido para captar recursos.
«Lo que hemos dicho es que es mucho más eficiente para el bien común, y los ingresos del país, accionar la vía infraccional, que es mucho más efectiva, más rápida, más oportuna, y donde además podemos aplicar multas una vez recuperados los impuestos sobre un 50% y hasta un 300%, cosa que no ocurre en el caso de la acción penal», aseguró.
Abbot opinó que las querellas no son obstáculo para la recaudación y que la persecución penal potenciaría al Estado en la sanción de «conductas que son particularmente dañinas para el patrimonio fiscal», poniendo de ejemplo el caso deñ fraude en Carabineros.
Recordando lo expuesto en el programa Informe Especial de TVN por el ex director del SII, Michel Jorratt, sobre presiones de La Moneda para no investigar a SQM bajo su gestión, El Ciudadano consultó al mandamás de la Fiscalía si cree posible que lo mismo esté pesando en la decisión del servicio de no interponer más querellas.
«No me corresponde a mí dar una opinión de esa situación que usted me plantea. La verdad es que yo trabajo en base a hechos objetivos… No nos corresponde hacer elucubraciones, sino que simplemente actuar sobre hechos que llegan a nuestro conocimiento», planteó.
Respecto a los dichos de Jorrat a TVN, Abbott admitió «la necesidad de que pueda ampliar las declaraciones que ya prestó ante el fiscal Sabas Chahuán en su oportunidad», agregando que ha hablado sobre la materia con el fiscal del caso SQM, Pablo Gómez, para que ello se concrete.
Por su parte, el actual director del SII, Fernando Barraza, descartó haber recibido presiones políticas. «Yo fui muy estricto en las conversaciones que tuve con las autoridades de que se respetara la autonomía de las decisiones… cosa que hasta el momento se ha cumplido de manera absoluta. Por lo menos en mi gestión, yo puedo dar total garantía de que las decisiones han sido absolutamente autónomas y regidas exclusivamente por criterios técnicos», subrayó.
En este sentido, Barraza indicó que «nadie dice que una boleta sea más importante que otra» y que no hay impunidad, ya que se están ejerciendo sanciones de multa contra empresas que, pese a rectificar boletas, cometieron dolo.
En opinión del diputado Fuad Chahín, la exclusividad del SII para querellarse debe cambiar. «No podemos mantener al director de una institucion tan importante para el país… sometido a posibles presiones políticas respecto de iniciar o no una acción penal en contra de determinados contribuyentes, ni tampoco expuesto a la crítica política respecto a la eventual arbitrariedad en el ejercicio de esta función», declaró.
El debate, que fue interrumpido por la interpelación a la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, seguiría su curso la próxima semana.
Recordemos que una de las empresas que rectificó boletas ante el SII fue Ripley, origen del pago de $50 millones a Credo Limitada, proveedora de la campaña de Michelle Bachelet. Según 24 Horas, el geógrafo Giorgio Martelli declaró a la Fiscalía que Jorge Rosenblut fue el nexo entre la consultora y la empresa de retail.
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