La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó la responsabilidad de las empresas eléctricas Coelcha y Frontel en el gigantesco incendio que afectó a las localidades de Santa Juana y Nacimiento, en febrero de 2023.
De acuerdo a la persecutora, «eso está científicamente comprobado», agregando que aquello se debió «a la poca mantención de la faja de distancia entre el bosque y el cableado eléctrico».
La información fue entregada tras un operativo realizado por la Fiscalía del Biobío, junto a la Policía de Investigaciones (PDI), donde realizaron entradas, registros e incautaciones simultáneas en oficinas de estas empresas eléctricas en 8 comunas.
En declaraciones consignadas por Radio ADN, la fiscal regional explicó que las diligencias realizadas abordaron 3 hitos.
«El incendio que afecta al Fundo San José Grande, comuna de Nacimiento, el 29 de diciembre de 2022. El segundo es el incendio del 3 de febrero de 2023, que afecta a las comunas de Nacimiento y Santa Juana, donde lastimosamente mueren 17 personas. Hay personas lesionadas, hay viviendas quemadas, hay mucha propiedad afectada. Y el tercero es el incendio que afecta, en la comuna de Arauco, a los sectores de Yico y Punta Lavapié, que también ocurren en esa misma fecha, 3 de febrero de 2023, donde al menos 80 familias pierden su primera y única vivienda», planteó Marcela Cartagena.
Seguidamente, detalló que «se ha establecido en estas investigaciones, de manera científica, certera, pericial, por parte de la Policía de Investigaciones y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que los principios de ejecución en estos incendios se deben a accidentes eléctricos provocados por líneas de alta tensión que, como ustedes saben existen en los distintos terrenos, son manejadas en fajas o corren por fajas que no tienen la mantención adecuada, son tocadas por especies arbóreas y efectivamente provocan chispas y, dada la sequedad del terreno, se producen los incendios».
En este punto, la fiscal recordó que la Ley de Bosques «establece que la responsabilidad de la mantención de esas fajas de terreno para evitar que las especies arbóreas toquen los cables de alta tensión y se produzca el efecto que, de manera muy simple, estoy describiendo, es de las empresas eléctricas».
Por ello, precisamente, fue que se realizaron las diligencias junto a la PDI, en las oficinas de las empresas eléctricas Coelcha y Frontel, esta última perteneciente al grupo Saesa.
Seguiremos informando.
Foto Portada: Luismi Ortiz/UME
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