Una pena de 8 años de cárcel pidió el Ministerio Público para el ex carabinero Sebastián Zamora, quien está imputado por la caída de un adolescente de 16 años desde el puente Pío Nono al lecho el Río Mapocho, hechos ocurridos el 2 de octubre de 2020 en la capital.
La información, consignada por el diario El Mercurio, señala que la fiscal de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, ya presentó la acusación en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de homicidio frustrado, de acuerdo con El Mercurio.
De acuerdo al reporte del citado medio, el escrito de la fiscal Chong indica que alrededor de las 19:30 horas de ese día, el imputado, «encontrándose de servicio, recibe junto a un número mayor de funcionarios de distintas agrupaciones la instrucción de realizar una maniobra táctica denominada arremetida, consistente en el avance de un carro lanza agua y de persona de infantería».
La persecutora detalla que esta acción «se ordena en circunstancias en que se desarrollaba en el lugar una manifestación no autorizada, la que mantenía en parte interrumpida la circulación de vehículos, además de observarse algunas personas lanzando objetos contundentes al personal de Carabineros».
Seguidamente, el documento judicial relata que «encontrándose la víctima sobre la vereda poniente del puente, de espaldas y corriendo hacia el norte, contiguo a la baranda y de manera paralela a ésta -que tiene una altura de 1,1 metros-, el imputado, quien también corría, se abalanza en diagonal contra el adolescente, tomándolo con sus brazos e impulsándolo de tal forma que lo eleva sobre la baranda y lo hace caer de cabeza hacia el río Mapocho, esto es, desde una altura aproximada de 7,4 metros, desplomándose la víctima contra el lecho del río».
«El funcionario no realiza ninguna acción orientada a evitar la caída», destaca la fiscal Chong, subrayando que tras «observar a la víctima boca abajo e inmóvil dentro de las aguas del río, junto al resto de los funcionarios de Carabineros se retira del lugar».
Finalmente, el reporte asegura que todas las partes querellantes secundaron la petición de la Fiscalía, salvo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que había interpuesto previamente una acusación particular, donde se agregó el delito de apremios ilegítimos, por lo que piden 12 años de presidio para el ex uniformado.