El Juzgado de Garantía de Coyhaique acogió este martes la audiencia contra el coronel en retiro Pablo Capetillo, ex prefecto de Aysén, y el capitán Juan Fuentes, implicados en una causa donde se les atribuye haber escondido varios videos que exculpaban a un estudiante imputado por el delito de maltrato de obra contra Carabineros, en el contexto del estallido social y quien incluso estuvo en prisión preventiva por los supuestos hechos.
La Fiscalía solicita una multa de 630.000 pesos y tres años de cárcel para ambos imputados, quienes según la indagatoria, el 6 de noviembre de 2019 ocultaron las evidencias, consignó Cooperativa.
Durante la investigación, en 2019; Capetillo y sus subalternos declararon que el joven lanzó una piedra y que “siempre lo mantuvieron a la vista”, hasta el momento de detenerlo.
No obstante, las declaraciones de otros oficiales realizadas en noviembre de 2019, como las del capitán de Labocar Jordan Escobar y el mayor Mauro Pino, revelan que habían informado a sus superiores sobre la existencia del video exculpatorio.
En ese momento, Capetillo –quien en el mismo contexto había solicitado a los administrativos de los colegios de Aysén que le entregaran listado de los alumnos que asistían a las protestas– instruyó mandar solo los videos que sale el imputado lanzando piedras y no aquel registro ya que, en sus palabras, generaba dudas.
“Mi Coronel Capetillo me insistió: ‘yo sé lo que vi’, ‘fue el imputado’, y me dijo ‘el video genera dudas así que no lo incluya en el peritaje’”, dijo Escobar, según consignó La Voz de los que sobran.
Por su parte, Pino relató que cuando se conoció que la Fiscalía había abierto una investigación por obstrucción, Capetillo le dijo directamente que había que mantenerse en el contexto del parte y las declaraciones”.
Hace seis meses, la Fiscalía concluyó con las investigaciones, y dejó a la familia del estudiante inconforme, debido a que solo se acusó a dos, y no a todos los funcionarios posiblemente involucrados en el hecho.
«No es lo que esperábamos, queríamos que todos los carabineros involucrados llegaran a esta instancia. Sin embargo, la Fiscalía determinó no formalizar a seis de estos carabineros que rindieron falso testimonio», señaló Patricio Sanhueza, padre del estudiante detenido, citado por Cooperativa.
A pesar de que la Fiscalía está pidiendo tres años de cárcel, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Consejo de Defensa del Estado, querellantes ambos en la causa, solicitan cinco años y un día de presidio contra los imputados.
La acusación del CDE plantea que el delito corresponde a falsificación de instrumento público en concurso medial con el delito de obstrucción a la investigación.
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