Esta semana, el Parlamento Europeo aprobó el denominado «derecho a reparar», con el cual se busca terminar con la obsolescencia programada de dispositivos electrónicos.
La normativa europea pretende limitar los productos electrónicos de un solo uso, obligar a los fabricantes a facilitar la reparación de los dispositivos y ofrecer más información sobre la capacidad de reparación de cada producto.
Como primera medida, el Parlamento Europeo obligará a establecer un etiquetado que determine la durabilidad de los productos a través de un índice de reparación del dispositivo: una información «clara y precisa» que deberá ser ofrecida al usuario antes de realizar la compra.
Una vez conocida la aprobación de la medida en el Viejo Continente, el diputado humanista Florcita Alarcón, envió una solicitud al presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Jaime Naranjo, para que ponga en tabla el proyecto sobre obsolescencia programada de su autoría, presentado en octubre de 2019.
«La obsolescencia ya no podrá programarse. Ayer he enviado una solicitud a la Comisión de Economía acerca de la ‘Obsolescencia Programada’ pidiendo que se incluya en la tabla el proyecto que presenté sobre este tema, que también tiene relación con el Covid-19», señaló el parlamentario del PH.
«Producto de la pandemia, uno de los cambios más importantes que se han producido en la cotidianeidad de las personas tiene que ver con la participación presencial de los niños y adolescentes en los colegios. Por lo mismo, se ha adecuado el sistema para que puedan seguir tomando sus clases de forma remota a través de las distintas plataformas electrónicas disponibles», explicó Florcita Motuda.
«Para tales efectos las familias deben contar, al menos, con un computador, tablet o teléfono, y una conexión a internet, además de una impresora para traspasar a papel algunos módulos o hacer las tareas. Lamentablemente, el tipo de equipo y su calidad incide en la educación del estudiante», advierte el legislador.
«No es lo mismo contar con un computador que con un teléfono para asistir a las clases online, no es lo mismo leer un texto en una pantalla de 14 o 15 pulgadas que en una pequeña pantalla de 5 pulgadas, así como no es lo mismo redactar las respuestas a una tarea – parte fundamental del proceso educativo- en un teclado físico que en el teclado virtual de un teléfono. Lo mismo ocurre con la tenencia de una impresora», puntualizó.
El diputado del distrito 17 (Maule Norte) recordó que los teléfonos, tablets y computadores, son afectados por la obsolescencia programada, en varias de sus formas, pero principalmente, a través de la funcionalidad que se ve mermada producto de las constantes actualizaciones de software.
«En este sentido, la funcionalidad de los equipos está actualmente proyectada a 2 años, tiempo tras el cual la experiencia de usuario, los tiempos de espera, por ejemplo, lo hacen cada vez más difícil de usar», indicó.
Además de lo anterior, agrega Florcita Motuda, son las impresoras, específicamente, uno de los aparatos más sometidos a la obsolescencia programada, pues muchas de estas vienen con una programación (firmware) que obliga a llevarla a un servicio técnico al llegar a un número de impresiones, costo que la mayoría de las veces termina siendo mayor al valor de la impresora nueva, obligando a las personas a comprar otra.
«Esa programación, para bloquear las impresiones es justificada por los fabricantes para que no desborde la tinta de las almohadillas de limpieza, pero no está directamente asociada a su funcionalidad, por lo que la impresora podría seguir imprimiendo sin necesidad de reparaciones», recalcó el parlamentario humanista.
Proyecto fue presentado hace más de 1 año
El 17 de octubre de 2019 fue ingresado el proyecto sobre obsolescencia programada, firmado por los diputados Florcita Alarcón, Jaime Mulet, Marcelo Díaz, Camila Vallejo, Pablo Vidal, Natalia Castillo, Renato Garín, Marcela Hernando, y los ex parlamentarios Jaime Bellolio y Mario Desbordes.
«Hace un año presentamos un proyecto de ley para modificar la ley del consumidor a fin de que las personas pudieran elegir cuando compran productos con obsolescencia programada. Por lo mismo, creemos que es un tema que afecta directamente a las personas en la pandemia y debiera ser incluido en la tabla de la comisión, discutido y votado, para poder continuar su tramitación en sala», reiteró Motuda.
«Es por esto que solicitamos a la comisión de economía que comience la discusión de este proyecto, extremadamente sencillo, pero de alto impacto en la economía doméstica y en el cuidado del medio ambiente», cerró el legislador humanista.