Esta semana concluyó la formalización de 39 exfuncionarios del Ejército, además de tres familiares, por delitos de fraude al fisco en Coyhaique, capital regional y centro económico de la región de Aysén.

La investigación se centra en el Fondo de Ayuda Mutua de la IV División de la rama castrense, el que fue utilizado para otras razones distintas a la de su origen.

Según el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, dicho fondo, con asiento en la ciudad Coyhaique en la década de 1950, administraba los dineros que en forma voluntaria depositaban militares de dicha dotación.

Tras haber desfinanciado el fondo, el Ejército recurrió al presupuesto fiscal para cubrir los depósitos adeudados, a través de la adulteración de viáticos, comisiones de servicio, gastos de representación, alargamiento injustificado de la carrera y al pago de otros servicios inexistentes.

Según detalló el persecutor, estos mecanismos fraudulentos permitían devolver con dinero fiscal los montos depositados por oficiales y suboficiales en la fallida cooperativa informal.

Estas operaciones significaron una defraudación por la suma de $2.811.652.230 a las arcas fiscales, lo que habría ocurrido entre los años 2009 y 2017.

Palma informó que se solicitaría la formalización de los exuniformados, detallando que a través de la investigación se pudo determinar un “fraude aproximado de 3.000 millones de pesos, donde cerca de 800 imputados, en ejercicio y en retiro, habrían defraudado al fisco de Chile”.

“Respecto de lo que a la fiscalía le compete investigar, son cerca de 122 los imputados por fraude al fisco y el día de hoy hemos pedido audiencia por 42 de ellos”, señaló en la oportunidad el fiscal Palma.

Además, el persecutor explicó que el FAM “era una cooperativa interna que funcionaba en el Ejército en la Región de Aysén y que luego que se quedaron sin fondos que repartir entre los beneficiarios se resolvió por parte de altas autoridades del Ejército resarcirlos por distintas vías remediales, sacando plata del fisco y entregándoselo bajo distintas excusas a los funcionarios que habían puesto dinero en ese fondo”, según consignó La Tercera.

Durante la audiencia de formalización, el magistrado Juan Patricio Silva Pedreros fijó en 6 meses el plazo de investigación. Todos los imputados quedaron en libertad ya que el Ministerio Público no solicitó ninguna medida cautelar.