Más de dos años han pasado desde que los habitantes del archipiélago de Chiloé dieron inicio a un intenso período de movilizaciones, en protesta por la contaminación del mar y por la mortalidad de peces y mariscos que produjo. En mayo de 2016, los pescadores chilotes responsabilizaron a las empresas que operan en la zona por el vertimiento de miles de salmones en descomposición a 75 millas náuticas (138,9 km) al Oeste del sector de Punta Corona.
La fiscal adjunta de Puerto Montt, Pamela Salgado, es quien encabeza la investigación por el episodio contaminante. Según dijo a La Tercera, formalizará al ex director de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile (Directemar), vicealmirante (r) Osvaldo Schwarzenberg, por autorizar la descarga peces muertos al mar.
Osvaldo Schwarzenberg
En audiencia programada para el 21 de noviembre en el Juzgado de Garantía de Ancud, el ex uniformado será formalizado como autor del eventual delito de prevaricación administrativa, por “dictar una resolución manifiestamente injusta y arbitraria en el ejercicio de sus funciones y que dicha resolución trajo aparejada una serie de consecuencias”, según explicó la persecutora a LT.
Esto porque el 4 de marzo de 2016, Schwarzenberg autorizó a la Asociación de la Industria del Salmón en Chile A.G. a descargar 9 mil toneladas de salmones podridos al mar, sobre la base de un informe elaborado previamente por el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). En total, 4.600 toneladas de peces descompuestos fueron vertidos en aguas chilotas.
Sin embargo, la fiscal Salgado sostuvo que “el vertimiento no era la única opción”, puesto que ordenó un bioensayo a la Universidad Austral de Chile para recrear las condiciones marinas en un laboratorio, mediante el cual “se pudo establecer que había un daño potencial o la posibilidad de poner en peligro el medioambiente”, explicó la persecutora.
Salgado advirtió que la decisión de ex jefe de Directemar fue “apresurada” y recordó que “se autorizó en un período muy breve de tiempo el vertimiento de 9.000 toneladas de pescado en descomposición”.
Pamela Salgado
“La marea roja, la floración del alga, era un fenómeno que estábamos propensos a que ocurriera y no se tomaron los resguardos debidos, pues la opción más cómoda y/o más rápida fue simplemente verter al mar”, agregó.
Al respecto, detalló que el informe de Sernapesca, previo a la autorización de Directemar, “carece de todo sustento. Se elaboró en menos de 48 horas y, sin ningún antecedente mayor, la autoridad autoriza el vertimiento”.
La formalización de Schwarzenberg se suma a las dos demandas contra el Fisco –por más de $20 mil millones en total– que fueron presentadas por organizaciones en representación de pescadores artesanales, buzos, mariscadores, algueros y dueños de embarcaciones de Ancud.
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