Fraude en el Ejército: Corte rechazó recurso de protección que pretendía declarar «ilegales y arbitrarias» las diligencias de la ministra Rutherford

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado en contra de la ministra en visita extraordinaria, Romy Rutherford, por parte de Juan Guillermo Soto Campos, quien en su calidad de testigo en varias aristas en que se investigan delitos cometidos al interior del Ejército, pretendía que se declararan como «ilegales y arbitrarias» las diligencias decretadas y efectuadas por la magistrada.

Fue el mismo Consejo de Defensa del Estado (CDE), representado por la abogada consejera María Inés Horvitz, quien primeramente se opuso a la acción, sosteniendo que las actuaciones y diligencias de investigación instruidas por Rutherford «se ejecutaron con estricto apego a la ley y a las facultades que le confirió la Corte Suprema».

Por ello, la sentencia de la corte capitalina acogió los argumentos del CDE y sostuvo que el recurso de protección, dado su carácter cautelar, no constituye la vía idónea para recurrir contra las diligencias impugnadas, por cuanto el recurrente debía haber ejercido los recursos procesales específicos que la ley contempla para ello. Asimismo, se rechazó la acción interpuesta por ser «extemporánea», es decir, por presentarse fuera de plazo.

«Se trata de un intento inaceptable de anular actuaciones de la ministra Rutherford que resultan fundamentales para el esclarecimiento de hechos delictivos muy graves y perjudiciales para el Fisco de Chile, perpetrados por altos mandos militares en concierto con particulares», declaró la abogada Horvitz.

«Precisamente», añadió la profesional, «el informe remitido a la Corte de Apelaciones de Santiago por la ministra dejó en evidencia la falta de sustento fáctico y jurídico de estas acciones constitucionales».

Recordemos que la ministra Rutherford se encuentra investigando los delitos cometidos al interior del Ejército, entre los cuales se cuentan fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad en materia de administración militar y falsificación de documentos públicos.