El excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, interpuso un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, con el fin de frenar la investigación en su contra por fraude, en el caso denominado Milicogate.
Sgún indicaron fuentes citadas por Radio Bío Bío, el militar en retiro presentó un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en el que pide al Tribunal Constitucional paralizar esta indagación, que es llevada adelante por la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford.
Cabe recordar que Fuente-Alba está procesado por malversación de caudales públicos. En específico, el exgeneral fue procesado por la utilización del avión institucional para fines personales, con cargo de más de 18 millones de pesos a fondos fiscales.
El ex comandante habría utilizado la aeronave 38 veces para irse con su familia a un departamento en Puerto Velero, viajes que habrían ocurrido entre marzo de 2010 y marzo de 2014.
Los antecedentes de la investigación detallan que Fuente-Alba habría realizado dichos viajes con amigos y familia hasta La Serena, para luego trasladarse en vehículo hasta el balneario de Puerto Velero.
Además de la indagatoria en la justicia militar, también está siendo investigado por el Ministerio Público, por el delito de lavado de activos.
Incluso, su esposa, Ana María Pinochet, también fue formalizada por este caso.
En agosto pasado, el fiscal José Morales solicitó una pena de 15 años de cárcel para el ex comandante por los delitos reiterados de malversación de caudales públicos y lavado de dinero.
Mientras que para Ana Pinochet solicitó una pena de 10 años y un día por su rol en maniobras de ocultamiento del origen del dinero fiscal malversado.
En la acusación presentada por Morales se describen las conductas delictivas que les imputan a Fuente-Alba, quien se habría apropiado sistemáticamente de dineros provenientes de los gastos reservados que tenían otro propósito. “
«En el desempeño de su cargo como comandante en Jefe del Ejército, el imputado Fuente-Alba, ejerciendo el mando superior de esta institución, instruyó verbalmente a quien se desempeñaba entonces como director de Finanzas del Ejército, para que parte de los recursos fiscales recibidos por concepto de gastos reservados fueran entregados en forma parcializada, y de acuerdo a requerimiento verbal del propio imputado de una cantidad total de $ 2.980.000.000 a razón de $ 745.200.000 anuales, con el objeto de ser destinados a lo que se denominó como recursos extraordinarios del comandante en Jefe del Ejército o recursos de libre disponibilidad”, se lee en el escrito.
Según el Ministerio Público, el ex militar hizo lo mismo “con los recursos desde la cuenta en dólares de gastos reservados”.
En su acusación, el fiscal Morales reveló que los recursos eran recibidos por los oficiales de Ejército que se desempeñaban como jefe de finanzas de la Comandancia en Jefe de Ejército, en dinero en efectivo -ya sea en dólares o en pesos chilenos- sin que quedara registro contable o de otra naturaleza, que diera cuenta del gasto posterior de los fondos fiscales regulados por la ley 19.863″.
«Este último oficial luego de retirar los fondos desde la dirección de Finanzas del Ejército procedía a guardarlos en la caja fuerte mantenida especialmente para tales efectos en la Comandancia en Jefe del Ejército, hasta que recibía la instrucción del destino específico que debía darles de acuerdo con la correspondiente orden del imputado Fuente-Alba en su calidad de CJE, y cuyo destino no estaba orientado al cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país», plantea el texto.
Durante seis años de investigación a las cuentas de la familia Fuente-Alba y dando trazabilidad a sus gastos, el Ministerio Público logró establecer cómo el matrimobnio se habría apropiado de dineros fiscales.
“Con el fin de ocultar el uso de estos recursos, el imputado instruía en forma verbal que se destruyera cualquier documento de respaldo que diera cuenta del verdadero destino de los fondos fiscales, una vez que recibía la rendición verbal del respectivo jefe de finanzas de la CJE. De esta manera, el imputado, responsable de dar a los recursos fiscales el destino señalado por la ley 19.863, esto es, seguridad interna o externa u orden público, dispuso que estos fondos fiscales fueran utilizados en su propio beneficio y/o el de terceros distrayéndolos de los fines legales”, señaló la Fiscalía.
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