Los pueblos no tienen las constituciones que se merecen, sino las que les imponen, y con suerte tienen alguna capacidad de incidir en ellas cuando se redactan. Principalmente las van modificando mediante el sano ejercicio de la acción directa y la lucha social. Muestra de eso es la cantidad de reformas constitucionales que se hicieron a la irreformable constitución pinochetista de 1980 desde el inicio del proceso revolucionario chileno en octubre de 2019[1], incluyendo una reforma que permitiría hacer una nueva constitución.
Las clases pudientes, dominantes, que oprimen a los pueblos, tienen, ante todo, resiliencia y reinvención: son capaces de revertir, modificar, adaptar los procesos de cambio a su conveniencia, puesto que se aseguran de tener el know how de la dirección de los Estados y van convirtiendo los aparatos estatales en feudos familiares aristocratizados. El primer gabinete de Piñera (y el segundo y tercero, etc.) demostró esto, era todo un asunto de primos y parientes.
El caso Izurieta[2] muestra que no es distinto en los asuntos militares, las fuerzas armadas chilenas son un enclave oligárquico aristocratizado a beneficio de la “familia militar”, un clan interrelacionado de tres o cuatro apellidos que históricamente se han hecho de la dirección del negocio militar[3], mediante un sistema de privilegios convertido en curriculum y metodología.
Los pueblos que hacen Chile también se han resistido y modificado la constitución militar de Chile (escrita y no escrita). Desde inicios de los años 1990 la insumisión, deserción, objeción de conciencia[4] vinieron cuestionando el privilegio militar de asesinar y desaparecer impunemente[5] a la gente, especialmente a los conscriptos.
La revuelta social iniciada en Chile en octubre de 2019 también fue una revuelta antimilitarista, insumisa y objetora de conciencia. La institución del servicio militar en la práctica desapareció desde noviembre de 2019[6] hasta inicios de 2021. Los y las jóvenes se negaron a ser parte de la represión militarizada y en las calles esto formó parte de la movilización social[7] chilena.
Es tarea de la constituyente chilena el ratificar estas demandas sociales desmilitarizadoras, antioligárquicas y antiaristocratizantes. La constitución debe reconocer y ratificar el impulso antimilitarista del proceso revolucionario chileno, iniciado con la revuelta de octubre de 2019. Para ello como mínimo debe poner fin al servicio militar en el articulado de la constitución, así como debe incorporar el derecho de objeción de conciencia claramente en el articulado como mecanismo para dar garantías al funcionariado público, uniformado o no, para no obedecer órdenes de las autoridades que resulten en violaciones a los derechos humanos a personas o colectivos[8].
Asimismo, como medida de reparación social a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del aparato militar (antes, durante y después de la dictadura de Pinochet) las fuerzas armadas no deben estar nombradas en el articulado de la constitución. Basta con nombrar la necesidad de la defensa del conjunto de territorios, ecosistemas, personas y comunidades que conforman lo que se llama Chile. Esa necesidad de defensa no debe estar asimilada a las fuerzas armadas ni a una defensa militar, sino que enfocada en la preservación y fomento de los derechos humanos, de la naturaleza, socioeconómicos y culturales, los cuales deben defenderse con medios, metodologías, técnicas y herramientas adecuadas en definitiva a la preservación de la vida, las buenas y cooperativas relaciones y no a la muerte y a la competencia del miedo que son las actuales estrategias de “disuasión”.
Las fuerzas armadas oligárquicas y aristocratizadas actualmente existentes en Chile no defienden más que su propia pervivencia y predominio, tejiendo redes familiares y de clientelismo[9] históricamente, aumentando su intervención en temas públicos civiles con la venia y la concomitancia de gobiernos militaristas como el de Piñera, como muestran la militarización del Wallmapu[10] y de la frontera norte[11]. Esas redes intentan permear la constitución que se discute en este momento y, desde la constitución, mantener esa herramienta oligárquica, violenta y golpistas que son las autodenominadas “fuerzas armadas y de orden”.
Por el deber de reparar a los pueblos que hacen a Chile que han sufrido el militarismo racista, cultural y violento que alimenta y enriquece a un grupo pequeño de familias en Chile, la constituyente en curso debe desmilitarizar la constitución que escribe. Sería un reconocimiento a lo que vienen haciendo esos pueblos hace décadas, toda la historia chilena en verdad.
Por Pelao Carvallo
Integrante del Grupo de Trabajo Clacso ‘Memorias colectivas y prácticas de resistencia’.
19 de febrero de 2022
[1] https://www.clacso.org/la-influencia-anarquista-en-constituyente-en-chile-analisis-con-ojos-acratas/ y https://radio.uchile.cl/2019/12/30/chile-vive-una-revolucion-a-la-francesa/
[3] https://twitter.com/JPDIAZPINO/status/1494872302382731268
[4] https://wri-irg.org/es/articulo/2017/ni-casco-ni-uniforme-20-anos-1997-2017
[5] Casos Pedro Soto Tapia, Antuco, entre otros.
[6] https://www.clacso.org/la-revuelta-social-contra-el-servicio-militar/
[7] https://ramalc.org/sacamos-a-los-milicos-de-la-plaza/
[8] https://www.clacso.org/chile-lo-que-hacen-los-pueblos/
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