La Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Anfusem) rechazó a través de un comunicado el nombramiento de la Jefatura de la Unidad Nacional de Violencia Contra las Mujeres.
La organización denunció que se trataría de una “designación unilateral de un cargo técnico cuya dependencia se encuentra enmarcada en la orgánica de SernamEG”, y que dicha designación “resulta improcedente, considerando el carácter autónomo y descentralizado que las facultades de la ley otorgan al SernamEG.”
Según el comunicado de ANFUSEM, “existía un acuerdo por parte de la Directora Nacional (s) y esta Asociación de Funcionarias y Funcionarios, de la apertura de un concurso público para la contratación del o la titular del cargo, último compromiso que viene a ser transgredido abierta y abruptamente con la designación comunicada” de Valentina Avalos Merino, quien fue nombrada en la jefatura.
En conversación con El Ciudadano, la presidenta nacional de Anfusem, Noemi Salinas, explicó que esta nueva contratación llegó luego de la desvinculación de la Jefatura anterior, bajo el cargo de Loreto Franco. Salinas calificó esta nueva contratación como sorprendente, debido a que llevan mucho tiempo lidiando con una restricción presupuestaria para la unidad.
“Llevamos una merma importante en dotación, entonces nos sorprendió la disponibilidad presupuestaria para contratar más jefaturas”, detalló. La dirigenta agregó que la contratación fue anunciada por la Subsecretaria María José Abud, pese a que esa autoridad no forma parte del organigrama por el que se rige el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
“Nos sorprende la forma y que haya recursos disponibles para esta contratación”, prosiguió Noemi Salinas. “Y, sobre todo, nos sorprendió que no supimos de concurso público alguno que permitiese entender esta nueva contratación”, agregó, puntualizando que existía un acuerdo sobre la realización de concursos públicos para la contratación de jefaturas.
“A nosotras nos aseguran que se va a hacer una contratación que va a seguir un perfil técnico, que va a ser a través de una contratación abierta. Nunca entendemos, bajo esa lógica, que va a ser a través de un concurso que no sea público. Para nosotros, el ingreso a la administración pública tiene que ver con ese tipo de procedimientos”, criticó la representante de las y los funcionarios.
La dirigenta comentó que la decisión fue justificada con la importancia de ese cargo crítico, por lo que “dieron celeridad a la contratación sin mediar concurso público”, pero afirmó que no ha sido el único caso. “Nosotras insistimos en que esa excepcionalidad en el SernamEG se ha vuelto una regla general. No tenemos ingresos a la institución mediante concursos públicos y abiertos a la ciudadanía desde hace mucho tiempo”, cuestionó.
Noemi Salinas lamentó que la única excepción a esta forma de contrataciones se haya dado únicamente en la elección de cargos directivos. “Las contrataciones que se han hecho en el último año no han seguido esas reglas generales que tiene la administración pública, y eso nos tiene bastante cansadas, porque ha significado un debilitamiento importante a la institucionalidad”, sentenció.
La dirigenta planteó que tuvieron una reunión el miércoles 7 de julio con la ministra Mónica Zalaquett y la subsecretaria Abud, en la que la asociación planteó sus preocupaciones sobre la contratación. “En esta reunión la ministra nos vuelve a insistir en la necesaria premura para proveer este cargo, y que esa es la razón por la que no se hizo el concurso público”, comentó.
Salinas afirmó que “no pudimos saber desde dónde aparecieron estos currículum y sin un concurso no sabemos cómo le llegaron a la ministra”, y calificó de irregular “que estas situaciones se estén zanjando en el ministerio y no en el servicio”, debido a que el Servicio Nacional de la Mujer no depende del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, lo que afectaría a la autonomía del organismo en cuestión.
Sobre las acciones a tomar, Noemi Salinas planteó que se encuentran a la espera de lo que decidan las bases, en un proceso reflexivo de las asambleas, y recalcó que “es un tema que, por sobre todo, impacta a la ciudadanía en su conjunto porque impacta en cómo nosotros estamos implementando la política pública”.
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