Hasta el Ministerio de Hacienda llegaron representantes de la La Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (CONFUSAM) para presentar un recurso por el retraso en la tramitación administrativa del beneficio de incentivo al retiro. Según estiman en la organización sindical, serían 1.400 los funcionarios afectados, de los cuales tres ya han fallecido.
Desde la CONFUSAM explican que los 1.400 afectados tendrían que haber recibido el beneficio entre 2016 y 2017, correspondiente a un promedio de las últimas remuneraciones percibidas por las personas que se han desempeñado en la salud municipal. La agrupación culpa a las trabas burocráticas por el retraso en la entrega del incentivo, a pesar de que su financiamiento quedó asegurado en el Presupuesto de la Nación.
“Son 700 compañeros/as que debieron haberse jubilado el año 2016, otros 700 beneficiarios del año 2017. Hasta le fecha no tenemos siquiera una posibilidad de tener certeza de cuándo van a poder cesar sus funciones, descansar. En este tiempo han fallecido tres compañeros, es un drama, un abuso y una falta de respeto”, sostuvo la dirigenta Carolina Espinoza en diálogo con El Ciudadano.
La integrante de CONFUSAM planteó además que el problema no solo concierne a las personas beneficiadas sino que “también es un perjuicio para las comunas, porque se han contratado cargos de reemplazo para aquellas personas que debieron haberse retirado y por lo tanto, las entidades administradoras hacen un doble gasto de recurso humano”.
“Muchas veces en comunas más grandes esto puede ser solventado, pero cuando estamos hablando de comunas pequeñitas, en que la dotación de funcionarios no sobrepasa las 50 personas, cuando tienes dos o tres que están pagándose cargos doblemente, es de un perjuicio financiero que afecta las condiciones laborales y además repercute muy negativamente en las condiciones de servicio que le entregamos a la comunidad”, agregó.