Funcionarios de la Superintendencia de Educación denuncian precarización institucional

Según la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Educación, el Gobierno parece ignorar que sólo se fiscaliza un 4% de los 7,8 billones de pesos en gastos declarados anualmente por los sostenedores de establecimientos educacionales. Advierten que “las denuncias ciudadanas han aumentado de manera constante, muchas de las cuales son tramitadas fuera del plazo legal, como ocurre en la Dirección Regional Metropolitana”.

Lo anterior, evidencia una sobrecarga laboral que no se ha visto acompañada de recursos ni medidas concretas para mejorar la capacidad operativa de los trabajadores y trabajadoras.

El comunicado destaca además que la Superintendencia carece de un sistema de gestión de personas que permita el desarrollo profesional de sus trabajadores. “No existen perfiles de cargo, ni procedimientos de movilidad interna basados en principios como la igualdad, el mérito y la transparencia”, señalan. Este vacío en la gestión no solo limita las oportunidades laborales, sino que también perpetúa condiciones laborales precarias.

Nepotismo y mala gestión

Esta misma declaración pública señala también al Superintendente Mauricio Farías como uno de los principales responsables de la actual crisis institucional.

“En tres años no hemos mejorado nuestra capacidad fiscalizadora. Tampoco se ha logrado avanzar en gestión y desarrollo de personas, puesto que el foco ha sido el nepotismo para proveer cargos claves sin velar por la excelencia en el buen funcionamiento de esta institución”, indican los dirigentes. 

Los funcionarios, además denuncian que gran parte de los recursos para la institución se utilizan para financiar sueldos elevados de asesores de gabinete y jefaturas de departamento, cuyos ingresos superan los 6 millones de pesos mensuales. 

El llamado a “escuchar a sus trabajadores”

La Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Superintendencia de Educación subraya que el Ejecutivo y sus representantes no han escuchado las propuestas de quienes buscan mejorar la calidad del servicio que se ofrece a las comunidades educativas. «Hemos estado siempre disponibles para aportar y construir soluciones, pero la falta de voluntad política y de compromiso con la educación nos ha dejado en un estado crítico», concluye el comunicado.

Finalmente, el gremio hace un llamado urgente a La Moneda para que revise sus decisiones presupuestarias y administrativas, y asuma la responsabilidad de fortalecer una institución clave para la fiscalización y mejora del sistema educativo en Chile.