Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental y aprobación de Dominga: No se escuchó a las instancias técnicas que recomendaban rechazarlo

A través de una carta, la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (Anfusea) denunció que con respecto al proyecto minero Dominga, no se escuchó a las instancias técnicas que recomendaban rechazarlo.

La declaración se hizo luego de la votación que realizó la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, el pasado 11 de agosto, respecto del Proyecto Dominga: «La evaluación ambiental del Proyecto Dominga es un caso paradigmático de situaciones que tensionan nuestra labor, puesto que, en este caso, las decisiones relevantes respecto de la evaluación ambiental desconsideraron las propuestas técnicas y el trabajo del funcionariado, y fueron tomadas en base a criterios y acciones determinadas por autoridades del nivel central del Servicio, las cuales son permeables a la influencia política gubernamental», afirmaron desde la Asociación.

En esa línea, recalcaron que la aprobación del proyecto, en el momento de su calificación, no fue una decisión de las y los funcionarios: «Las decisiones finales son tomadas por las autoridades, las cuales en muchos casos son diferentes o incluso contrarias a los planteamientos técnicos y jurídicos del funcionariado, imponiéndose por mera jerarquía», agregando que la votación del 11 de agosto se hizo «a pesar de la existencia de recursos pendientes en la Corte Suprema. De lo anterior, también salta a la vista la influencia política gubernamental que ha tenido la calificación ambiental de este proyecto en las circunstancias actuales».

Por ello, los funcionarios del SEA solicitan la urgente construcción de nuevas instancias evaluativas ambientales, independientes del gobierno de turno: «Como ya mencionamos anteriormente, el Proyecto Dominga no es el único proyecto que ha desatado controversia y descontento a nivel nacional e internacional, representa la punta del iceberg de un sin fin de decisiones de autoridades políticas de gobierno que sólo siguen reforzando la imperiosa necesidad de modificar el actual Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el marco legal que lo sustenta, en el sentido de generar una evaluación ambiental independiente de las influencias del gobierno de turno», concluyeron desde la Anfusea.

Lee la declaración completa a continuación: