Funcionarios desvinculados del Ministerio Público denuncian vulneración de sus derechos laborales y apuntan a Jorge Abbott

La Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip), difundió un comunicado donde denuncian una serie de vulneraciones de sus derechos laborales y fundamentales por parte de de las jefaturas de las distintas fiscalías del país.

En el texto, los trabajadores señalan haber denunciado, «permanentemente, ante los Tribunales Laborales y en la OIT, la vulneración de derechos laborales e, incluso, fundamentales por parte de las jefaturas de las distintas fiscalías del país, incluyendo hechos acontecidos durante la administración de Jorge Abbott», quien a juicio de la organización sindical, no ha adoptado medidas sustantivas para terminar con algunas de las malas prácticas que afectan a los trabajadores.

Mario Riquelme Padilla es uno de los funcionarios que denuncia hostigamiento en su contra, asumiendo Fenamip su defensa en tribunales. Riquelme es contador auditor, trabajó 16 años en el Ministerio Público, llegando en 2001 a la institución como administrador de la Fiscalía local de Valdivia. Según su opinión, «quienes están en cargos directivos no tienen siempre las capacidades y competencias necesarias, pues hay  muchos cargos que son de confianza y no se eligen por alta dirección pública».

«Esto propicia malos tratos con el recurso humano y se opera en base a amenazas y, por lo mismo, tanto los fiscales como los funcionarios trabajan, a veces, con miedo. Eso, yo lo viví. Terminé con una depresión severa, cuyo origen es laboral por el hostigamiento del que fui víctima», añade Riquelme, quien sostiene que «decidieron desvincularme por razones de salud incompatible con el cargo. Tomaron esa decisión, mientras estaba con licencia médica. Todas estas personas que están encabezando las fiscalías, no saben del buen trato humano y lo digo por lo que me tocó vivir».

En ese sentido, desde la organización manifestaron que el despido que afectó a este trabajador es «irregular», porque fue desvinculado sin la existencia de un informe de comisión médica, lo que vulnera la legalidad, puesto que existe un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que señala que para desvincular a un funcionario del Estado tiene que haber un informe de la Comisión Médica, sea el Compin o la Suseso, que establezca la incompatibilidad para continuar en el cargo, no pudiendo un jefe de servicio tomar esta decisión.

Por su parte, Martín Silva Lara, que trabajó durante 13 años en el Ministerio Público como administrador de la Fiscalía de Río Bueno, en 2016 fue desvinculado de la entidad, bajo el argumento de que se requería cambiar el perfil de su cargo, medida que, en todo caso, no se estaba aplicando en otras fiscalías locales.

Como protesta, Silva se trasladó desde el sur hasta Santiago con un lienzo, instalándose fuera de las dependencias de la Fiscalía nacional, lo que obligó al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, a salir hablar con él. Según el ex funcionario, Abbott le dijo: “El que hayan cambiado el perfil del cargo es una decisión que ya se adoptó, como así tu desvinculación. Con su título, no se preocupe, encontrará trabajo”.

Martín Silva, actual vocero de la Agrupación de ex Funcionarios del Ministerio Público, presentó en 2016 una demanda por despido injustificado en el Tribunal Laboral de Río Bueno, la que fue acogida y se estableció una sentencia por despido laboral injustificado, logrando ser indemnizado por esta vulneración.

Silva, al igual que otros ex funcionarios del Ministerio Público que han sido víctimas de las vulneraciones laborales cometidas bajo la gestión del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, han solicitado audiencia al Presidente de la República, Sebastián Piñera, para dar cuenta del maltrato sistemático que se ha cometido en su contra y se mantienen a la espera de una respuesta de la máxima autoridad de Gobierno.

En tanto, Leslie Pinilla Castañeda, que ingresó a la Fiscalía Metropolitana Sur en  2007, el 31 de marzo pasado fue desvinculada «por necesidad de la Fiscalía».

«Cuando ingresé al Ministerio Público estuve en la fiscalía de robos, luego en la Unidad de Delitos Violentos, pero en el 2011, comencé a tener problemas con el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán y entiendo que, a modo de castigo, me mandaron a la Unidad de Tramitación de Causas menos Complejas”, relata la mujer, quien enfatiza que el acoso laboral que sufrió se mantuvo por largo tiempo.

«Fui trasladada a diferentes unidades y sólo el año pasado abrieron tres sumarios en mi contra, de los cuales en los tres fue sobreseída, lo que deja en evidencia la persecución en mi contra, siendo víctima de hostigamiento laboral bajo la gestión de un Fiscal Regional y que se vio amparada por Jorge Abbott. Si bien con estos sumarios no pudieron acreditar nada, me desvincularon aplicándome el artículo 81 letra K de la ley Orgánica del Ministerio Público (símil a desvinculación por necesidad de la empresa), pese a existir de por medio una denuncia por acoso laboral que interpuse en septiembre de 2017 en tribunales y que se encuentra vigente», explicó Pinilla.

Sobre esta situación, la Fenamip manifiesta que, abiertamente, se vulnera el principio de la «indemnidad laboral», por el cual un trabajador no puede ser sancionado o desvinculado por el hecho de acudir a los tribunales laborales de justicia.

La falta de fiscalización externa

Paulina Ruiz, presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, señala que los casos aquí relatados con «consecuencia directa de no contar con una fiscalización laboral externa, que se pronuncie sobre la legalidad y juridicidad de las decisiones administrativas adoptadas al interior del Ministerio Público, actuaciones y conductas no deseables en un jefe de servicio sin respetar la normativa vigente y, muchas veces, vulnerando el derecho al trabajo y la estabilidad laboral».

«Sabemos que hay sectores dentro del Ministerio Público que no coinciden con la demanda de fiscalización externa que ha mantenido la Fenamip históricamente, pero no por ello vamos a bajar los brazos. En ningún organismo deben ocurrir estos abusos de poder, menos, en el órgano persecutor. Además, la legitimidad de nuestras acciones no depende del número de afiliados a nuestra organización, como se ha tratado de instalar en la opinión pública de que somos una organización minoritaria y que aquello desacredita nuestro relato. En todo caso, nuestro nivel de afiliación en muy alto y sigue creciendo a nivel nacional”, agregó la dirigente.

En esa línea, Ruiz afirma que existen mesas de trabajo instaladas en virtud del acuerdo judicial alcanzado en la primera demanda por prácticas anti sindicales contra Jorge Abbott, instancia que fue solicitada por Fenamip, «pero llevamos casi dos años sin que a la fecha, se generen los cambios estructurales que eviten se sigan cometiendo  estas malas prácticas».

«No podemos depender de la buena o mala disposición de una autoridad de turno, es hora de hacer un debate serio sobre estas problemáticas y realizar los cambios legales que sean necesarios para que el Ministerio Público que sustenta  toda su actividad con recursos del Estado, no quede ajeno a los controles de legalidad y fiscalizaciones que corresponden al estándar mínimo exigible a cualquier servicio público. Insistimos que el objetivo histórico de Fenamip es lograr la fiscalización laboral externa del servicio para procurar se respeten, plenamente, los derechos laborales de todos los trabajadores del ente persecutor», concluyó Paulina Ruiz.