Las y los trabajadores no uniformados de Gendarmería, agrupados en la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (Adiptgen) y que están a cargo de la reinserción de la población penal, realizarán una manifestación el viernes 4 de agosto (2023) frente al Ministerio de Justicia, a las 8 de la mañana.
Los motivos de la movilización fueron dados a conocer a través de un comunicado firmado por dirigentes de la organización de todo el país, donde detallaron la realidad de su labor, las carencias de la institución y criticaron la «desidia con que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos enfrenta la problemática de seguridad pública».
Primeramente, denunciaron que el Seremi de Justicia de la Región de los Lagos, Cristóbal Fuenzalida, anunció a través de un medio de comunicación la propuesta de recontratar funcionarios jubilados de Gendarmería, para cumplir funciones administrativas.
Ante esto, señalaron que «todos conocemos que ellos ya disfrutan de una pensión muy digna, lo cual vendría a privar a muchos compatriotas, sin empleo, de ocupar estos puestos de trabajo. En este mismo sentido, alertamos la intención de perseverar en continuar concesionando prestaciones como la reinserción social».
Esto, agregaron, «es otra forma de precarizar el trabajo de los profesionales que trabajan para la concesionaria».
«Las señales que hasta ahora se han entregado nos indican un nuevo retroceso para el estamento no uniformado, cuya función es la que permite que Gendarmería sea un aporte real a la Seguridad Pública en los procesos de prevención del delito, al disminuir los riesgos de reincidencia delictual de los penados que han sido objeto de intervención a través de los programas de reinserción social que ejecuta el estamento no uniformado», expresa la declaración.
Por ello, Adiptgen hizo un llamado a las autoridades de gobierno «a que demuestren con hechos su compromiso con la seguridad pública, y con aquellos que contribuyen a esta demanda trasversal de la sociedad».
Finalmente, plantearon que «no puede ser posible que la seguridad pública y las legítimas demandas de los trabajadores que se desempeñan en este ámbito tan estratégico para disminuir la reincidencia delictual en Chile, esté condicionada a criterios neoliberales como los que utiliza la Dirección de Presupuesto (Dipres), como tampoco entendemos la desidia con que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos enfrenta la problemática de seguridad pública».
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