Transcurrido más de un año desde que Gabriel Boric asumiera la presidencia, estamos ad portas de conocer -finalmente- en qué consistirá la Estrategia Nacional del Litio, una de sus promesas de campaña más relevantes en materia minera, donde el entonces candidato del Frente Amplio se comprometió expresamente a impulsar “una nueva gobernanza de salares para la gestión del litio, fomentando la participación de la industria, la academia y las comunidades, promoviendo la investigación e innovación y con Plan de gobierno Apruebo Dignidad”, y que además promovería la creación de “una empresa nacional de litio que desarrolle una nueva industria nacional de este recurso estratégico, con protagonismo de las comunidades y agregando valor a la producción”.
Este anuncio posee múltiples y complejas aristas referidas a la creación de una Empresa Nacional del Litio (ENL) e importantes desafíos de gobernanza del denominado “oro blanco”, que involucran al mundo indígena, empresas nacionales e internacionales y múltiples instituciones gubernamentales, regionales y locales.
Durante las últimas semanas las autoridades de Gobierno han dado algunas señales del contenido de esta estrategia, fue así como el mismo Presidente, quién a través de una carta abierta al diario español El País, confirmó que esta Política Nacional del Litio incluirá al sector privado pero con un rol preponderante del Estado en la exploración y explotación de este mineral no metálico.
Asimismo, la ministra de Minería, Marcela Hernando, la última semana durante su participación en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, detalló que la creación de la ENL será mediante un proyectos que se enviará al Congreso y que requerirá quórum calificado, y que en ese intertanto Codelco y Enami tomarán un rol protagónico más protagónico en conjunto con la mencionada asociación público-privada.
Llevamos más de diez años escuchando a distintos actores fundamentalmente ligados a intereses empresariales y autoridades de gobierno sobre el rol que debería tener el Estado en la exploración, explotación y producción de derivados del litio.
Sin duda, este proceso se ha caracterizado por su parsimonia, entregando a los privados la explotación del mineral, demostrando, una y otra vez, escasa planificación y estrategia para gestionar el aprovechamiento de este recurso con respeto al medio ambiente y las comunidades locales.
Como Fundación Terram, desde hace años que seguimos este proceso, como también tenemos conocimiento de las graves faltas ambientales junto con la opacidad tributaria que presenta la industria del litio. En este sentido consideramos que una adecuada Estrategia Nacional del Litio debiese considerar los siguientes ejes:
- El Estado debe encargarse de la realización de estudios científicos acabados sobre la ecología y situación hidrogeológicas de las cuencas salares y lagunas altoandinas. De igual manera, es deber del Estado considerar el principio precautorio antes de autorizar nuevos proyectos litíferos, considerando que estos ecosistemas son únicos y extremadamente frágiles.
- Consagrar de forma efectiva al litio como un mineral estratégico y de interés nacional, cuya propiedad sea exclusiva del Estado. Si bien, producto de sus eventuales usos para fines nucleares, en el año 1979 bajo el Decreto de Ley N° 2.886 se declara al litio como un mineral de interés nacional, lo cierto es que a la fecha no ha recibido un tratamiento y desarrollo “estratégico” por parte del Estado. En este sentido, resulta apremiante que el Estado realice estudios acabados sobre las condiciones que presenta el mercado de mineral blanco, como también determine de manera técnica y científica las condiciones de explotación con más bajos impactos ambientales y las estrategias productivas que aseguren un aprovechamiento efectivo de la producción y comercialización del litio.
- Establecer condiciones contractuales favorables para el Estado en la explotación de litio. Entre los aspectos relevantes a considerar en la negociación de nuevos contratos de exploración y explotación está: el establecimiento de procesos efectivos de participación y consulta ciudadana; el desarrollo una empresa estatal moderna que no dependan de los gobiernos de turno, ni presenten intereses rentistas; el establecimiento de procesos concesionales y/o contractuales con criterios técnicos sectoriales y un alto control del Estado; el convenir con privados “acuerdos favorables”, en términos de tributación, beneficios locales y recursos para I + D; y, por último, en asegurar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
- El Estado debe respetar y garantizar la correcta aplicación del Convenio 169 de la OIT, donde se establece que toda intervención sobre los territorios ancestrales o que puedan afectar la a las comunidades indígenas requieren una consulta indígena. A esto se suma la reciente ratificación del al Acuerdo de Escazú, el cual debería ser considerado en esta estrategia la menos en relación a la transparencia de información para la toma de decisiones ambientales. Ambos tratados internacionales ratificados por nuestro país exigen altos niveles de participación y transparencia en materia ambiental, no obstante, hasta ahora las organizaciones de la sociedad civil ni las comunidades indígenas afectadas por la explotación de los salares altoandinos han sido consultadas para el diseño de la estrategia.
- Revisar la propiedad minera dentro de los salares y el rol que debería jugar el Estado en la promoción y desarrollo del sector litífero. Para ello, es de suma importancia que el Gobierno revise en detalle las restricciones e incentivos perversos que presenta el actual modelo concesional junto con sus implicancias para el desarrollo de la estrategia litífera, identificando tanto las concesiones de exploración y exploración que han sido constituida sobre la superficie de los salares, en especial las concesiones que presenta SQM en el Salar de Atacama. Esto con el objeto de cautelar una implementación efectiva y con capacidad operativa de una Empresa Nacional del Litio.
- Asegurar la implementación de mecanismos efectivos de transparencia en aspectos contractuales, operacionales y fiscales de la industria del litio. Para alcanzar esta meta, es menester establecer altos niveles de transparencia en toda la cadena de valor del litio. La dimensión fiscal es un aspecto fundamental para alcanzar una buena gobernanza sectorial, por lo que resulta de suma urgencia resolver las brechas de reportabilidad y transparencia fiscal que presenta el sector litífero, como fue denunciado por Fundación Terram en abril de 2022. Lo cual permitiría al Estado beneficiarse y apropiarse de manera justa de los beneficios que genera la explotación de litio.
- Promover una política de integración regional entre Argentina, Bolivia y Chile en la producción y manufactura del litio. Los países del llamado “Triángulo del Lito”, que concentran alrededor del 60% de la reservas estimadas de litio en el mundo, debieran avanzar en la armonización de los estándares sociales, ambientales y fiscales, junto con la coordinación productiva para la agregación de valor del litio.
Finalmente, observamos con bastante escepticismo como el “primer Gobierno ecológico” y “de las grandes transformaciones” está llevando a cabo su agenda minera, pues hasta ahora las organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas no hemos sido participes ni consultadas respecto del diseño de la Estrategia Nacional del Litio que pretende lanzar el Ejecutivo esta semana.
En este sentido, hacemos un llamado a las autoridades y en especial al Presidente Boric a tomarse el tiempo de sostener reuniones con la academia, organizaciones locales y sociedad civil relacionada con la extracción de litio como punto de partida para legitimar un proceso de transformación productiva que supere el modelo minero extractivista y de inicio a un fortalecimiento de la gobernanza de los salares que considere aspectos sociales y ambientales.
Fundación Terram
Abril de 2023
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