El pasado 11 de febrero, la diputada Marcela Hernando, próxima ministra de Minería, solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) un pronunciamiento respecto a la “pertinencia y legalidad” del remate de varias propiedades de la Empresa Nacional de Minería (Enami) que se realizará el próximo 10 de marzo. Un día antes del cambio de mando.
Además del oficio a la Contraloría, la futura ministra envío un oficio al vicepresidente Ejecutivo de la estatal, Vicente Valdivieso Valdés, solicitando, en virtud de la Ley de Transparencia, “todos los antecedentes relativos al remate de distintas propiedades de la Empresa Nacional de Minería”.
El objetivo era conocer en detalle “las razones que motivan esta decisión de enajenar parte del patrimonio de esa empresa estatal; los fundamentos jurídicos que la sustentan y las conversaciones y actas del Directorio en las cuales se aprobó este acuerdo. Además de los mails y todas las comunicaciones que se realizaron con el Gobierno de turno acerca del tema de fondo de la situación financiera de Enami”, refiere la Unidad de Investigación de BioBio.
Bajo ese contexto, el pasado 14 de febrero Valdivieso contestó y le explicó a la parlamentaria que “no es efectivo que Enami esté llevando a cabo un proceso de remate de ningún activo ni mucho menos del edificio corporativo, de Santiago, calle Mac Iver #459”.
Sin embargo, si detalló que «sí se está llevando a cabo es un proceso de licitación de activos prescindibles, proceso que considera la recepción de ofertas hasta el día 10 de marzo de 2022, las que Enami deberá analizar y llevar al directorio de abril para decidir si se aceptan o rechazan dichas propuestas”.
Por esta razón, en una carta, la futura ministra le transmitió a Valdivieso que se vio en la “obligación de recurrir de protección en los tribunales de justicia toda vez que, a mí juicio, el proceso entero adolece de vicios de legalidad”.
Esta decisión, explicó la actual diputada, se debe a las contradicciones en la información recibida por Valdivieso.
“Tengo que decir que algunas de las frases de su carta son absolutamente incomprensibles ya que decir que ‘no es efectivo el proceso de remate de ningún activo’ para enseguida afirmar que ‘lo que se está llevando a cabo es un proceso de licitación de activos prescindibles’, resulta francamente incomprensible”, consigna el texto, citado por BioBio.
«Inexplicable que quiera venderse»
Respecto a la licitación del edificio corporativo de la entidad, ubicado en calle Mc Iver, en la comuna de Santiago, y el argumento que este esté subutilizado, Hernando sostiene que “es inexplicable que quiera venderse en la quinta parte de su valor comercial e incluso a un valor inferior a su avalúo fiscal”.
El remate incluye el edificio corporativo ubicado en calle Enrique Mac Iver 459, en la comuna de Santiago, y está a cargo de la empresa gestora de activos Tattersall.
En la web de la firma el remate de aquella oficina, la cual se oferta en 138.900 UF, más de 4.300 millones de pesos, refiere una investigación de La Radio.
Ante esta situación, la futura ministra de Minería busca es que se dé la instrucción a la gestora de activos Tattersall de “anular todo el proceso. Esto porque creo que este proceso no se ajusta a derecho, no fue aprobado por el directorio, tal como dice claramente el acta del 28 de octubre pasado”.
También cuestiona la aparente improvisación del concurso. “Si uno entra en la página de Tattersall, y busca las bases, se despliega un aviso que indica que estas están en proceso de aprobación, ¿cómo es posible que a 20 días de finalizar el proceso licitatorio, las bases aún están en proceso de preparación?”, se pregunta la parlamentaria, citada por BioBio.
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