Futura ministra sobre norma constituyente de nacionalización de la minería: «Para nosotros, lo que concluya el pleno, lo que arroje el plebiscito final, va a ser mandatorio»

La futura ministra de Minería, Marcela Hernando, se refirió a la norma que se debate en la Convención Constitucional que establece el Estatuto de los Recursos Naturales, que permite estatizar la actividad.

En este aspecto, señaló que debe existir una conversación con todos los sectores y llegar a un acuerdo.

«No es una cosa extraña. En Chile ya ocurrió con la estatización en los 70. Eso fue apoyado transversalmente, aquí tendría que haber un acuerdo transversal. Se tiene que llegar a acuerdos que son tremendamente exigentes en cuanto al quórum, por lo tanto, hay que dialogar, dialogar y dialogar”», expresó Hernando en una entrevista a Emol.

En este sentido, detalló, que la norma solo fue aprobada por una Comisión y aún falta que el Pleno de la Convención Constitucional decida si se aprueba o no.

«Le bajaría un poco el perfil a la conversación que tiene que ser discutida en el pleno. Aquí estamos hablando de una comisión que lo aprobó, no de forma unánime, tuvo bastantes votos en contra», recordó la futura ministra.

Cabe destacar que esta norma fue presentada por Ivanna Olivares acompañada de la convencional María Rivera,  Carolina Vilches, Marcela Vera y Pablo Sepúlveda Allende.

Durante el debate, la convencional Ivanna Olivares explicó que la norma «considera una nacionalización, que es distinta a la expropiación (…) Se nacionalizan los bienes, las empresas, y también damos fin a las concesiones mineras».

«Lo que nosotros vamos a hacer es una nacionalización y cuando se haga el proceso de traspasar todos los bienes y la infraestructura al Estado, vamos a hacerlo a través de la Contraloría», detalló.

En concreto, los convencionales aprobaron los artículos 1,5,8,3,4,7 y transitorios y rechazaron los 2, 6 y 9.

Los artículos aprobados fueron el 1°, 5° y 8° (juntos) con 13 a favor y 6 en contra. El 3° con 10 a favor, 8 en contra y una abstención. El 4° con 11 a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. El 7° 10 a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Las normas transitorias fueron todas aprobadas.

Por esta razón, la futura ministra de Gabriel Boric señaló que si se llegase a aprobar la medida en la Convención, «correspondería pagar en justicia lo que tenga de inversión esa empresa y lo que significa en más complicación, diría yo, es cómo valorizas eso que tendrías que pagar. También evaluar si es que el país está en condiciones para eso».

«Falta mucha agua que corra todavía bajo el puente, tenemos que dialogar muchísimo todavía», agregó.

En esta línea, Hernando exhortó a los inversores y privados a mantener la calma y esperar las discusiones finales.

“A los privados lo que más les interesa es tener certezas. A eso me refiero cuando digo que hay que bajarle el tono a la discusión, porque aquí nadie está haciendo una revolución ni va a haber una toma de la Bastilla ni nada por el estilo”, dijo.

No obstante, la futura ministra de Minería recalcó: «para nosotros, lo que concluya el pleno, lo que arroje el plebiscito final, va a ser mandatorio».

Cabe recordar que la norma, debatida por la Comisión, contempla que el Estado, en representación de los pueblos de Chile, «tienen el dominio absoluto, exclusivo, excluyente, inalienable e imprescriptible de todos los bienes estratégicos, todas las minas, comprendiéndose en estas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos líquidos o gaseosos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas».

La norma plantea, además, que debido al interés de los pueblos de Chile y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer libremente de sus riquezas y bienes naturales, nacionalízanse y decláranse, por tanto, incorporados al pleno y exclusivo dominio del Estado las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos, pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional.