Hasta las 15 horas de este martes tiene plazo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, para recibir a las cinco asociaciones de funcionarios de Gendarmería que permanecen en estado de movilización, luego de la detención del sargento Héctor Palma, quien estaba a cargo de los reos que torturaron a dos de los ciudadanos ecuatorianos imputados por el asesinato a palos de Margarita Ancacoy en el barrio República.
“Las consecuencias de un paro de actividades en el sistema penitenciario chileno nosotros sabemos de que se trata eso. Si ellos no se quieren sentar a la mesa y revisar el sistema, van a ser ellos los responsables de lo que ocurra de aquí en adelante”, advirtió Andrés Segovia, director nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), en conversación con el programa “Combinación Clave”.
Andrés Segovia.
El dirigente rechazó cuestionar el trabajo de Palma, aduciendo que a la hora de los repudiables hechos conocidos en los últimos días, el funcionario se encontraba solo a cargo de dos módulos, con cerca de 250 presos. Según dijo Segovia, la prisión preventiva a la que fue sometido el gendarme constituyó «la arista que detonó este tema”, por lo que decidieron levantar un petitorio dirigido al Ministerio de Justicia, con el fin de mejorar sus condiciones laborales.
“Lo que le ocurrió al colega le podría haber ocurrido a cualquier funcionario prácticamente, porque no se puede hacer nada en esas condiciones, donde hay tanto hacinamiento, donde faltan recursos humanos”, argumentó el vocero de ANFUP.
Para Andrés Segovia, el sargento Palma es una “víctima del sistema”, porque a su juicio, “él no pudo ser más de lo que hizo”. En su defensa, alegó el colapso del penal Santiago Uno. “Es para 2.700 internos y en este minuto hay 4.000”, explicó. Además, el dirigente comentó que trabajan “dos funcionarios para 300 internos”, en contraste a los seis que cree necesario. «Puede haber un San Miguel II perfectamente”, subrayó el representante de ANFUP, en vista del hacinamiento de las cárceles en Chile.
“El sistema permite todo. Es un sistema que está colapsado, en el sentido de que se contamina todo. Así como se contaminan los internos, también se contaminan los funcionarios, porque faltan políticas de salud mental para los colegas”, expuso.
Formalización de Héctor Palma.
En este sentido, Segovia planteó que las condiciones de los recintos penales impiden la reinserción de los condenados. A esto suma los problemas presupuestarios de la institución, puesto que, según apuntó, Gendarmería destina «no más allá del 5%” a reinserción.
“Un delincuente que tiene mil historias va a parar a un módulo donde hay 200 delincuentes más y cada uno tiene mil historias más, donde no hay medidas de tratamiento, reinserción, rehabilitación efectiva. En dos o tres meses, sale una persona totalmente distinta a la que ingresó”, indicó.
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