En los primeros días de septiembre, El Ciudadano reveló que el jefe de la XI Zona de Carabineros de Aysén, Gerardo Concha Ortega, mandó a un cabo a limpiar su casa, intentando echar tierra al asunto cuando el funcionario se accidentó con un líquido usado para desmanchar una alfombra.
Diversas fuentes confirmaron a este medio que la denuncia preocupó al general, especialmente en un contexto de intensa fiscalización de la Contraloría General de la República a dos miembros activos del Alto Mando observados por casos que comprometen recursos públicos mal utilizados, y con un riesgo alto de abandonar la institución el próximo año, como son Pedro Larrondo Borsotto de la jefatura de Los Ríos y Félix Flores Santis del Maule.
Lo ocurrido en agosto de 2015 al interior de la vivienda que el alto oficial de Aysén ocupa en la región austral, y que fuera «trapeada» por el cabo Germán Sepúlveda Ruminot bajo estrictas órdenes de Concha, según quedó plasmado en el Documento Electrónico Nº 37721144 de ese año, no sería un hecho aislado.
Esto porque la publicación del problema sufrido por el cabo Sepúlveda – según comentan al interior de las filas – motivó que el jefe de Zona retirara de su domicilio a otros funcionarios de Coyhaique destinados indebidamente a tareas de aseo doméstico, ajenas a las netamente policiales o propias de la mantención de un cuartel, ordenándoles callar si eran consultados sobre los trabajos que realizaban.
Las fuentes agregan que meses atrás se habría utilizado al mismo personal para dirigir la búsqueda de una costosa mascota obsequiada al general por su conductor, el cabo Carlos Parra Muñoz, la cual se extravió de su parcela y provocó un amplio operativo en los alrededores del Condominio Campo Alegre.
Cabe señalar que Parra, un ex integrante de la Subcomisaría de Fuerzas Especiales de Aysén, fue cuestionado por la Justicia Militar en la investigación abierta a raíz de los disparos propinados al pescador Teófilo Haro, quien perdió la visión de un ojo en el contexto de la movilización «Tu problema es mi problema» de 2012.
De acuerdo a los antecedentes vertidos en ese proceso, Parra habría declarado hechos falsos al coronel Leonardo Glade, fiscal enviado desde Santiago para indagar administrativamente el caso, con el propósito de imputar responsabilidad a un suboficial inocente y exculpar al comandante Víctor Follert, presunto autor del ataque.
Paralelo a ello se abrieron dos expedientes, uno iniciado por el mismo Parra, quien adujo «presiones» de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) para manipular su testimonio, y otro en contra del coronel Glade, por eventual obstrucción.
Las pesquisas de la Fiscalía Militar de Coyhaique no logran acreditar aún si Glade fue víctima de las mentiras de los funcionarios que protegieron a Follert o si recibió instrucciones para desvirtuar los relatos que lo complicaban.