A eso de las 09:00 de este viernes llegó hasta el Palacio de Tribunales el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, para comparecer ante la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, en calidad de inculpado, en el marco de la investigación por fraude al interior de esta rama de las Fuerzas Armadas.
Tras infructuosos intentos para que la diligencia se realizara en su domicilio particular, ubicado en Lo Curro, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, lo que fue rechazado por la jueza de la Corte Marcial y también por la Corte Suprema, e incluso para frenarla, mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional -que no lo revisó-, Martínez acudió finalmente al despacho de Rutherford, sin la compañía de su abogado Juan Carlos Manríquez, comparecencia originalmente fijada para el 3 de marzo pasado, cuando no se presentó.
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Martínez tuvo un breve diálogo con los medios que lo esperaban en el Palacio de Tribunales: “He dicho públicamente que nunca he estado sobre la ley, pero tampoco bajo la ley. Hoy he venido a comparecer ante la justicia”.
«Siempre he estado tranquilo. He dicho públicamente que nunca he estado sobre la ley, pero que tampoco debo estar debajo de la ley. Se ha hablado sobre mi patrimonio, mi patrimonio es legítimo», afirmó en su arribo al interrogatorio.
Consultado sobre su inocencia, señaló: “Por supuesto que soy inocente”.
También insistió en sus cuestionamientos a las garantías procesales de la justicia militar que, en otros aspectos, no contempla que las declaraciones se realicen en presencia de un abogado defensor.
“Vengo en calidad de inculpado. Le quiero reiterar que lo que he dicho, y (lo dije) en la cuenta pública (del Ejército, día de su renuncia), básicamente fue que las garantías procesales que tienen hoy los militares activos o en retiro no son tales. Por ejemplo, no se nos está permitido poder testificar en compañía de un abogado, como hoy lo tiene el 99% de los chilenos. Solamente para la justicia civil”, reprochó el otrora jefe militar.
Con relación a los cuestionamientos por su patrimonio, afirmó: “Se ha hablado sobre mi patrimonio. Mi patrimonio es legítimo. Y les pido, por favor, que cuando se dan las noticias de este calibre, que se investigue bien, porque se hace un daño tremendo”.
A inicios de mazo se hizo público que Martínez fue citado a declarar por las aristas «Pasajes y Fletes» -uso irregular de dinero asignado para viajes oficiales- y «Gastos Reservados» -presunta malversación de recursos destinados a Seguridad e Inteligencia-, en el marco del llamado «Fraude en el Ejército» o «Milicogate».
Martínez debía dejar la comandante del Ejército el 9 de marzo, pero dimitió una semana antes, el día, en el marco de la cuenta pública de la institución castrense. Le sustituyó el general Javier Iturriaga del Campo, designado el pasado noviembre por el entonces presidente Sebastián Piñera.
El abogado Juan Carlos Manríquez confirmó que el excomandante en jefe del Ejército hará uso “del derecho a guardar silencio” y afirmó que “lo que pide el es que se aplique igualitariamente la Constitución y los tratados”.
Fraude en el Ejército
Martínez debe dar su versión ante la justicia, sobre el caso «Milicogate», específicamente en las arista «Pasajes y fletes», que indaga el uso irregular de dineros asignados para viajes oficiales, y por la de “Gastos Reservados”, donde se investiga la malversación de caudales públicos, por presunta malversación de recursos destinados a Seguridad en Inteligencia.
Los viajes se realizaron entre los años 2009 y 2019, según las investigaciones se detectaron varias irregularidades en el uso de fondos, con millonarios montos.
En algunas declaraciones que funcionarios del Ejército ya entregaron a Rutherford, manifestaron que Martínez Menanteau viajó con su esposa, en ocasiones que eran actividades sin compañía extra, cita La Tercera.
Cabe recordar que por el caso Milicogate ya fueron procesados los tres últimos excomandantes del Ejército: Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.
Para este caso, se está utilizando la investigación realizada por la PDI. Serían 15 los viajes investigados por los funcionarios de la PDI, quienes elaboraron un informe que está en manos de Rutherford.
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