Quemaron pruebas en democracia: 2 generales condenados por destruir archivos clave de la dictadura, la CNI y el caso Frei

Fallo histórico: condenados por destruir archivos de inteligencia

La ministra en visita extraordinaria para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, dictó sentencia de primera instancia y condenó a tres ex miembros del Ejército, entre ellos a dos generales, por su responsabilidad en la destrucción de archivos de organismos de inteligencia y contrainteligencia de la institución, perpetrado entre los años 2000 y 2001, al interior de la Escuela de Inteligencia del Ejército de Chile, ubicada en la localidad de Nos, comuna de San Bernardo (Región Metropolitana).

La magistrada condenó al ex general de brigada del Ejército Eduardo Jara Hallad y a la teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich, a 3 años y un día de reclusión menor en su grado máximo, como autores del delito de infidelidad de custodia de documentos con grave daño a la causa pública. Mientras que el ex general de división del Ejército Carlos Chacón Guerrero fue condenado a 200 días de reclusión, en calidad de encubridor del mismo delito.

A todos se les condena, además, al pago de 21 UTM mensuales y se les concede el beneficio de modificar el cumplimiento por libertad vigilada.

El caso: quema de microfilms de la CNI bajo órdenes del Ejército

De acuerdo a la investigación, se trata concretamente de la destrucción mediante incineración de archivos microfilmados de la Central Nacional de Informaciones, CNI, correspondientes al periodo 1980-1982, mantenidos bajo custodia en la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, y que fueron quemados a comienzos del 2000, en el marco del desarrollo de la “Mesa del Diálogo”, instancia que reunió a los estamentos más representativos de la sociedad nacional y que incluyó representantes de las instituciones civiles, militares y religiosas, cuya finalidad fue justamente esclarecer la verdad respecto a lo ocurrido con víctimas de crímenes o delitos de lesa humanidad cometidas por agentes estatales durante la dictadura, con especial énfasis en el destino de detenidos desaparecidos.

¿Qué contenían los documentos? La CNI, la dictadura y Frei

Los antecedentes que resultaron eliminados, de acuerdo al fallo, contenían información clave del cómo operaba la CNI, organismo que se encargó de perseguir, detener, secuestrar, torturar, desaparecer y/o asesinar a opositores a la dictadura militar en aquella época, lo que pudo ser información relevante para los procesos judiciales que se investigaban en ese entonces, así como las operaciones orquestadas contra el ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Si bien el Ejército negó durante mucho tiempo lo ocurrido con el material, la institución realizó un sumario el 2015 que arrojó los primeros indicios y se estableció que no se dio cumplimiento a la reglamentación vigente sobre el tratamiento de dicha documentación, pero no hubo sumarios por encontrarse los responsables en situación de retiro.

En 2017 la organización Londres 38, a través de su presidenta Erika Hennings, presentó una querella criminal ante el Ministro Mario Carroza, en contra de quienes resulten responsables del delito de sustracción y supresión de documentos, así como de encubrimiento de homicidios y secuestros calificados.

Hay que señalar que en este caso son querellantes Londres 38, representados por la abogada Magdalena Garcés; la Democracia Cristiana, DC, a través del abogado Luciano Fouilloux; y Carmen Frei y su hijo Eugenio Ortega, representados por los abogados Francisco Ugás y Nelson Caucoto.

Reacciones legales: “Buscan asegurar la impunidad”

Estos últimos profesionales valoraron el fallo que da por acreditado el delito de infidelidad de custodia de documentos y señala a los partícipes del mismo, pero cuestionaron las bajas penas asignadas.

“Desgraciadamente este tipo penal tiene penas bajísimas, lo que queda reflejado con el beneficio de la libertad vigilada concedida. De otra parte se descubre y se deja en evidencia cómo el Ejército de Chile -en pleno período democrático- sigue actuando para asegurar la impunidad de sus agentes involucrados en crímenes de lesa humanidad, procediendo con una orden del comandante en jefe de la institución, señor Ricardo Izurieta Caffarena, a incinerar documentos en papel, archivos y microfilms y así evitar que se pudiera esclarecer las violaciones a los DD.HH.”, señaló el abogado Nelson Caucoto.

Asimismo, Caucoto destacó como “trascendental que el fallo deje establecido que se quemaron e hicieron desaparecer las carpetas donde se registraban las operaciones de inteligencia llevadas a cabo contra el ex Presidente Eduardo Frei Montalva. ¿Qué razones habría para justificar la destrucción de los antecedentes referidos al ex Presidente Frei?, salvo eliminar documentación relativa a su homicidio. El mismo objetivo se presume detrás de incineración para ocultar tantos otros crímenes de la dictadura”, expresó.

Los hechos que acreditó la ministra Paola Plaza

La ministra Plaza González pudo establecer en su investigación los siguientes hechos:

“Bajo el amparo del contexto histórico que vivía el país, a partir del mes de agosto de 1977 y hasta el año 1990, operó como organismo de inteligencia la Central Nacional de Informaciones, conocida por la sigla CNI, conforme al Decreto Ley N° 1978, siendo su predecesora, desde los inicios de la dictadura militar, la reconocida DINA, o Dirección de Inteligencia Nacional.

Una vez producido el retorno a la democracia y disuelto el referido organismo de inteligencia, la CNI, archivos de esa repartición se mantuvieron bajo la custodia del Ejército de Chile, específicamente en dependencias de la D.I.N.E., Dirección de Inteligencia del Ejército.

Luego de una serie de solicitudes efectuadas por Ministros en Visita Extraordinaria al Estado Mayor General del Ejército, en cuya virtud se le requirió antecedentes vinculados a procesos por violaciones a los Derechos Humanos, al no obtener resultados positivos, a fines del año 2015 y comienzos del año 2016 se ordenó iniciar por parte del Estado Mayor General una investigación sumaria administrativa a objeto de establecer: a) el tratamiento regular que debieron haber tenido (…) según la evolución de la reglamentación institucional relativa a custodia, archivo y destrucción de documentación, actas de incineración de documentos de Inteligencia y Contrainteligencia de la DINE, entre los años 1980 y 1982; las Directivas para la ejecución de Actividades Anuales en materia de inteligencia, la carpeta operativa sobre acciones realizadas hacia el Presidente Eduardo Frei Montalva; b) El destino que tuvo cada uno de los documentos citados en el numeral anterior; c) Las circunstancias en las cuales se perdieron dichos documentos; y, d) las responsabilidades que pudieran derivar de estos hechos.

El 3 de junio de 2016, la referida investigación sumaria estableció que: «Se puede confirmar y acreditar con certeza la inexistencia de información de inteligencia y contrainteligencia archivada entre los años 1980 y 1982, y que las autoridades de DINE de la época no dieron cumplimiento a la reglamentación vigente sobre el tratamiento de la documentación (…), asimismo, no se decretaron medidas disciplinarias o administrativas, por cuanto los eventuales responsables se encontraban en situación de retiro de la institución, con independencia de la extinción de responsabilidad administrativa por prescripción».

Durante los años 2000 a 2001, en un día indeterminado, la entonces Teniente Coronel de Ejército Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich, segunda al mando de la Sección Archivo del Departamento II de Contrainteligencia de la DINE, por instrucción de su superior, el General de Brigada Eduardo Jara Hallad, Director de Inteligencia, procedió a revisar en forma aleatoria los antecedentes microfilmados pertenecientes a la CNI que se encontraban en sus dependencias y bajo la custodia del Ejército; hecho lo anterior y cumpliendo tales órdenes, las que no representó, dispuso que el Suboficial Mayor Luis Zúñiga Celis conjuntamente con el Cabo Primero Osvaldo Ramírez Lazcano, trasladaran aquellos archivos de la CNI hasta la Escuela de Inteligencia del Ejército ubicada en la localidad de Nos, donde fueron incinerados sin levantar las actas respectivas que ordenaba la reglamentación vigente, procedimiento que aun siendo irregular se informó debidamente al entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Chile, Carlos Patricio Chacón Guerrero.”