Gestión de Macarena Ripamonti deberá pagar millonaria deuda heredada por administración de Reginato

El pasado miércoles 4 de septiembre, la administración de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, logró llegar a un acuerdo con la constructora Besalco, para saldar la deuda por 1.500 millones de pesos, heredada por la gestión de Virginia Reginato.

La situación llegó a un punto crítico luego de que el medio Puranoticia.cl informará sobre la posibilidad de que el municipio perdiera un cotizado terreno ubicado en la calle Edmundo Eluchans, frente a las dunas de Reñaca. La propiedad, con un valor fiscal de más de $3.000 millones y un valor comercial que supera los $3.495 millones, había sido embargada por el tribunal a solicitud de Besalco, debido a la falta de pago municipal. Aunque la subasta estaba originalmente programada para enero de este año, se había propuesto para el 1 de octubre, dando tiempo para llegar a un acuerdo.

Recordemos que en 2015, y durante la administración de Reginato (UDI), la empresa Besalco demandó al municipio por el supuesto incumplimiento contractual en el proyecto de los estacionamientos subterráneos pidiendo una reparación de $12 mil millones. Por lo que el 14 de noviembre de 2018, el Tercer Juzgado de Civil de Viña del Mar falló a favor de la empresa, ordenando a la entidad alcaldicia a pagar lo que ahora suma 38.277,892 UTM, lo que sería $1.444.539.842.

Tras esto, y ver que no habían avances en cuanto al pago de la sentencia por parte de la administración, el 5 de octubre de 2023, Besalco solicitó al tribunal el embargo de una desconocida y cotizada propiedad ubicada en la calle Edmundo Eluchans, frente a las dunas de Reñaca.

El terreno, parte de la población Los Médanos en Reñaca Bajo, se encuentra rodeado de edificios y centros comerciales, lo que lo convierte en una zona de alta plusvalía. Según el avalúo presentado por el tribunal, su uso está restringido a proyectos de equipamiento, lo que limita la construcción de viviendas.

Finalmente, ambas partes ingresaron un acuerdo judicial, en el cual el municipio se comprometió a saldar su deuda antes de 2025, lo que detuvo el remate programado para octubre. Este entendimiento pone fin a un largo proceso legal que podría haber resultado desastroso para la administración y el desarrollo futuro del área.