Entre marzo y septiembre de 2020 el Instituto de Salud Pública (ISP) alertó sobre la falla en algunos lotes de Anulette, píldora anticonceptiva que se entrega en los establecimientos de atención primaria.
Luego se agregaron otras marcas que también se tuvieron que retirar de las farmacias. Uno de los hechos más graves, es que el mismo ISP, una semana después de ordenar el retiro de las marcas del mercado, permitió la reincorporación del anticonceptivo Anulette con la vigilancia a cargo de las usuarias sobre los colores de las pastillas por si venían nuevamente con fallas.
A la fecha: 111 mujeres han denunciado embarazos no deseados por culpa del medicamento, no sabemos cuántas más estarán sufriendo la misma situación ya que no se hizo ningún tipo de seguimiento.
Esta situación es una negligencia farmacológica vergonzosa, sin antecedentes en el país, que supera la tasa de falla esperable del método. Un hecho que dejó en evidencia una vez más el abandono y la constante vulneración a los derechos sexuales y reproductivos de las personas, pero por sobre todo, de las mujeres.
Hace un poco más de un mes vimos cómo las compañeras argentinas se alegraban por tener al fin una legislación que permitiera el aborto libre. Unas semanas después comenzó a discutirse en nuestro país en la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados el proyecto de despenalización del aborto, el que apuesta por un mínimo ético: no encarcelar mujeres por realizarse un aborto. En esa instancia la discusión no avanzó mucho más allá de plantear los diferentes puntos de vista de quienes componen la comisión, sin embargo, en este retorno al año legislativo esperamos avances significativos en esta materia.
Que hoy haya cientos de mujeres embarazadas por culpa de la ineficiencia del Estado es violento, y más violento aún, es que esas mujeres estén obligadas a continuar con ese embarazo no deseado, sin ningún tipo de reparación por la vulneración a sus derechos humanos.
En Chile, más de 380 mil chilenas en el sistema público acceden a estos métodos anticonceptivos, por lo tanto, es necesario incluir la falla farmacológica dentro de las causales, como mínimo y de manera urgente. Y, en mediano plazo, avanzar a la despenalización mediante un aborto legal, seguro y gratuito, porque nadie nos asegura que esta será la única ocasión donde haya errores en los anticonceptivos -a pesar de su uso correcto- y porque si vuelve a suceder, no podemos estar obligadas a gestar hijos que no queremos tener. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos.
Libertad Méndez
Médica ginecóloga atención primaria.