La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, fue la encargada de dar a conocer públicamente el rechazo del Gobierno, al informe elaborado por Amnistía Internacional, que señala que «las fuerzas de seguridad bajo el mando del Presidente Sebastián Piñera están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva, con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta».
Al respecto, Recabarren habló del «compromiso del Ejecutivo» con la defensa de los derechos humanos, descartando «de plano» una política deliberada para agredir a los manifestantes: «El Gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al Gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes», dijo la subsecretaria.
«La única política que hay tenido el Gobierno es la del resguardo y la protección de los derechos humanos que ha sido desde el primer día declarada y reiterada por todas las autoridades de Gobierno», añadió Recabarren, que además acusó que el informe del organismo internacional plantea «aseveraciones irresponsables»
«El informe que hemos conocido hoy lamentablemente incluye aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, el imperio del estado de derecho y los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger los derechos humanos. En Chile todas las instituciones del Estado actúan con plena independencia», detalló la subsecretaria.
Amnistía responde
Según consignó Radio Cooperativa, tras estas declaraciones, Amnistía Internacional reveló a través de su cuenta de Twitter que el pasado 28 de octubre pidió una reunión con el Gobierno, pero no obtuvo respuesta, refutando así la aseveración de que el organismo «no solicitó información al Ejecutivo».