La ministra vocera Karla Rubilar aclaró si el Ministerio del Interior invocará la Ley de Seguridad del Estado en este caso
Los chilenos siguen con atención el caso de la compra y venta ilegal de un fusil AK-47 y municiones. El miércoles 19 de febrero medios locales revelaron información sobre el perfil de los imputados y este jueves 20 de febrero el Gobierno aclaró si considera sumarse al proceso legal.
La ministra vocera de la administración de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, dijo a El Diario de Cooperativa que «lamentablemente» en este caso la información que tienen es que «la Fiscalía ha declarado secreta la investigación».
«Por lo tanto, que nosotros podamos querellarnos todavía no es una posibilidad cierta dada la falta de antecedentes, pero por supuesto que si tenemos los antecedentes públicos que ameriten una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado con un hecho como este la vamos a utilizar», acotó.
Según la funcionaria, si cuando tengan la información consideran que es necesaria una querella por Ley de Seguridad del Estado, «no le quepa la menor duda de que vamos a accionar de esa manera».
Aunque descartó pronunciarse sobre la filiación política de los involucrados (de derecha y pinochetistas), Rubilar afirmó que «cualquier delito de tráfico de armas o de este nivel obviamente que al Gobierno le preocupa enormemente».
Sin embargo, sigue generando críticas, tanto desde la oposición como en el mismo seno de la coalición oficialista, la falta de acciones judiciales del Gobierno para hacerse parte de este polémico caso.
Por otro lado, se conoció que este jueves detuvieron a un sexto involucrado, mientras que la audiencia de formalización de los cinco imputados que se desarrolló el miércoles 19 de febrero se declaró secreta y el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó la prohibición de informar las identidades de los imputados por 40 días. Todo, para mantener en resguardo los antecedentes de la indagatoria, reseñó Publimetro.
Lo que se sabe
De acuerdo con los reportes de Radio Bío Bío, entre los involucrados figura un matrimonio penquista, de la comuna Concepción, y un padre con su hijo. Todos, tres hombres y dos mujeres, residen en el barrio alto de Santiago y son simpatizantes de derecha.
Hasta el momento, solo trascendió que al hombre de iniciales J.J.V.M. se le dictó prisión preventiva y a los demás varones se les aplicaron medidas cautelares como arresto domiciliario, firma y arraigo nacional.
Sobre el detenido, Radio Bío Bío detalló que es piloto y fanático de las motos, aviones y tiene una playlist, en su cuenta de Youtube, en la que muestra videos de armas y describe episodios de la dictadura de Augusto Pinochet. Él aparece como vendedor en la transacción ilegal del fusil y es hijo de C.S.V.P., uno de los otros imputados.
Por otro lado, el Cuarto Juzgado determinó para las dos mujeres acusadas, identificadas con las iniciales C.L.U.S y V.A.B.P., arresto domiciliario nocturno.
Las pesquisas por este caso comenzaron hace pocas semanas, cuando la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI) dio con la información de la venta de un fusil AK-47 ruso con un cargador de 36 balas por un millón y medio de pesos. Se maneja la teoría de que estos armamentos fueron requisados al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y que llegó a manos de los involucrados a través de un “familiar militar”.
Fuentes: El Mostrador, Cooperativa, Publimetro.
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