Una preocupante sentencia judicial se conoció el pasado 18 de enero, cuando el Tribunal de Garantía de Concepción condenó por el delito de injurias a Felipe Soto, director del periódico digital Resumen, quien en julio de 2022 escribió un reportaje sobre presuntos sobresueldos en la Municipalidad de Quilleco.
En el texto se aludía a la trayectoria política de Rodrigo Daroch Yáñez, funcionario del Gobierno Regional de Biobío, y a los contratos de trabajo que mantuvo en forma paralela y que fueron objeto de investigación por parte de Contraloría, sin que en el reportaje se le imputara la comisión de un delito.
El aludido, quien no ejerció el derecho de rectificación, acudió a la justicia penal con una querella en la que acusaba al comunicado, acción que fue acogida por el tribunal, que tras varios meses de tramitación, condenó a Felipe Soto por el delito de injurias graves con una pena de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, una multa de 11 UTM y la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.
Sin embargo, por carecer de antecedentes penales, se sustituyó la pena por la de remisión condicional de un año, tiempo en que Soto quedará con firma mensual y bajo observación y vigilancia de Gendarmería.
En el fallo, el tribunal consideró acreditadas las acusaciones respecto al uso de expresiones que buscan dañar la honra y producir un menoscabo aludiendo al titular del reportaje («El método Daroch») y señalando que éste contenía información «parcializada».
Preocupante precedente
Una vez conocida la resolución, desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) advirtieron que esta podría sentar un preocupante precedente, que afecta gravemente al escrutinio que realizan los medios de comunicación respecto de la actuación de funcionarios y autoridades públicas, y afectando también el derecho a comunicar y a la libertad de expresión.
Javier García, presidente de ODC, afirmó que según los datos que han recopilado desde el Poder Judicial, «resulta frecuente que empresarios, políticos y altos funcionarios públicos abusen de los recursos judiciales, interponiendo querellas u otras acciones contra periodistas o activistas que divulgan información y críticas sobre asuntos de interés público».
«En 2015 las querellas no llegaban a mil, mientras que en 2020 habían aumentado a más del doble (2.000 querellas). La mayoría de ellas son admitidas a trámite y el 17% de las causas finaliza en gran medida porque la o el acusado acepta su responsabilidad por miedo a ser condenados y a enfrentar la incertidumbre de un proceso legal», explicó García.
Además, el representante del Observatorio recordó que el uso de estos delitos contra el periodismo es contrario a los estándares internacionales.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado a Chile, en reiteradas ocasiones, la despenalización de los delitos de difamación, injurias y calumnias cuando se trate de casos que involucren a funcionarios públicos, porque considera que la existencia y aplicación de normas penales criminalizan la libertad de expresión, generando un efecto disuasivo e inhibiendo la investigación y el reporteo de asuntos de interés público general», cerró Javier García.
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