El pasado 14 de agosto, un supuesto funcionario de la Municipalidad de Santiago se presentó en la casa de una estudiante secundaria y, sin identificarse, quiso saber si la joven vivía allí y cuáles habían sido los motivos de su detención en enero pasado. La familia de la estudiante, que a principios de año participó de la toma del DEMRE, acusa persecución y hostigamiento del municipio a quienes han ejercido su derecho a la protesta social.
“Como familia creemos que esto forma parte de la política del terror y persecución instalada desde la Municipalidad de Santiago. Sabemos de estudiantes que han sacado de sus casas, estudiantes a quienes les han aplicado la ley aula segura y que después fueron absueltos por la justicia”, denunció Carmen M. en una transmisión en vivo realizada a través de la cuenta de Instagram de la Coordinadora Feminista 8M la noche del jueves 20 de agosto.
Sus descargos se basan en lo ocurrido el viernes 14 de agosto a eso de las 11:00 horas, cuando una persona que dijo ser funcionario de la Municipalidad de Santiago ingresó a su condominio y tocó la puerta de su vivienda para preguntar si su hija vivía allí y por qué había sido detenida el 12 de enero de este año. Ante la solicitud de identificación por parte de Carmen M., el supuesto funcionario no respondió y posteriormente se retiró del lugar.
Tras lo ocurrido, Carmen M. le escribió directamente al alcalde de Santiago, el RN Felipe Alessandri, para preguntar por el insólito procedimiento, a lo que el edil respondió que no tenía conocimiento alguno. Más tarde, se comunicaron con ella desde la Oficina de la Infancia del mismo municipio, quienes le explicaron que el procedimiento obedecía a un convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito para hacer “seguimiento” a menores de 17 años.
“Nos sentimos pasados a llevar, creemos que esto es un hostigamiento hacia mi hija. Estamos evaluando otro tipo de acciones porque creemos que esos recursos, además, están siendo mal utilizados y qué tipo de personas son contratadas para hacer este tipo de procedimientos”, apunta la denunciante.
Vulneración del derecho a la protesta
“Mi hija es una joven que no ha cometido ningún delito, solamente manifestarse por un Chile más justo”, refiere Carmen M., quien da cuenta de que hace 8 meses su hija efectivamente participó de una protesta contra la Prueba de Selección Universitaria, en la que se realizó un intento de toma del DEMRE (Departamento de Medición y Registro), que fue inmediatamente reprimida por la policía.
La joven fue detenida, junto a otras y otros estudiantes de distintas comunas de la capital, y pese a que fueron liberados a las pocas horas, el Gobierno se querelló en su contra acudiendo a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Dicha acusación, sin embargo, fue declarada inadmisible por la justicia y la causa quedó sobreseída.
El caso denunciado por Carmen M. si bien no reporta el uso de la fuerza pública, recuerda a otras situaciones de persecución a estudiantes secundarios, como la vivida por Valentina Miranda, vocera de la CONES, quien en octubre de 2019, a días de iniciada la revuelta social en el país, fue violentamente sacada de un edificio, también en la comuna de Santiago, por carabineros que incluso le rociaron gas pimienta a la cara.
También está el caso de los voceros de la ACES, Víctor Chanfreau y Ayelén Salgado a quienes el gobierno intentó aplicarles la Ley de Seguridad Interior del Estado por llamar a boicotear la PSU. Incluso Chanfreau denunció que fue amenazado de muerte por las redes sociales.
Carmen M. define esto como “un escenario de represión y persecución estudiantil que no cesa ni siquiera en pandemia” y acusa que “la Municipalidad de Santiago ha demostrado en todo este tiempo, con el alcalde Alessandri, la persecución a los estudiantes de esta comuna, es cosa de ver todo lo que pasaba en el liceo 1 con FF.EE desde el principio de clases, con gases lacrimógenos en todos los liceos emblemáticos que se manifiestan en la comuna de Santiago”.
Desde la Coordinadora Feminista 8M, Magally Ávila, quien conversó con Carmen M. en la transmisión de redes sociales, hizo un llamado a no normalizar este tipo de hechos: “No podemos normalizar que se vigile, no podemos normalizar que se persiga, no podemos normalizar que se detenga y se reprima, porque hay casos bastante fuertes que hemos sabido durante años, incluso de maltratos y violencia dentro de las comisarías”.
En la misma línea, Carmen M. hizo un llamado a no dejar pasar este tipo de situaciones, que “si bien nos provocan miedo, tenemos que detenerlas, denunciarlas y no tenemos que bajar los brazos”.
La denuncia pública realizada por Carmen M. está contenida en una declaración que ha sido firmada en apoyo por más de 120 personas y organizaciones sociales. La declaración está disponible en: https://bit.ly/3iSVYq6
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