Tras hacerse público el caso de Pola Álvarez, la enfermera que fue atacada por compañeros de trabajo, han vuelto a posicionarse en la palestra nacional las situaciones de violencia que sufren las y los trabajadores de la Salud.
Asimismo, rápidamente han aumentado las denuncias formales por maltrato laboral a lo largo del país: agresiones, acoso sexual y hostigamiento son parte de los agravios que cotidianamente sufren las y los funcionarios en sus puestos de trabajo, así como muchos dirigentes gremiales son perseguidos por evidenciar estos maltratos. Si en todo el año pasado se presentaron 1.571 denuncias por acoso laboral, este 2022 ya son 827, y estas suman y siguen.
Reflejo de lo anterior son las circunstancias de persecución sindical que se viven en los Servicios de Salud de Osorno y de Antofagasta. Por años, la federación Fenats Nacional de la Región de Los Lagos ha realizado una serie de denuncias en contra de Directivos del SSO y la Dirección del Hospital Base San José Osorno (HBSJO) por diversas situaciones de acoso y maltrato laboral. «Sin embargo», cuentan desde la organización, «la respuesta de las autoridades ha sido desencadenar una persecución dirigencial: sumarios administrativos, querellas criminales, invento de agresión a una funcionaria, la desvinculación por no renovación de contrato a una dirigente, y la instrucción de desvincular a 22 funcionarios por atrasos u por Artículo 151, entre otros».
En la Fenats indicaron que otro caso son las prácticas de persecución y maltratos a trabajadores(as) y dirigentes(as) sindicales que continúan desarrollándose en la Región de Antofagasta, «esta vez por parte del sr. Milton Olave, director del Hospital de Calama, quien cuenta con antecedentes documentados probatorios de conductas antisindicales en otro servicio, del que fue retirado por la contundencia de denuncias formales en su contra».
«Ambas realidades anteriores son solo un ejemplo de las violencia coyuntural a la que se ven enfrentados las y los funcionarios a lo largo del país, que sumado a largos turnos, bajos sueldos y sobrecarga laboral, muchas veces termina en desenlaces perjudiciales para las y los trabajadores que se atreven a denunciar, o en decisiones trágicas y cada vez más recurrentes como el suicidio de personal de salud», afirmaron desde la organización sindical.
Autoridades que no se hacen cargo
Para las y los funcionarios, resulta «especialmente preocupante la recurrencia de problemática de gran complejidad, situación de la que aún las autoridades no parecen hacerse cargo».
«A pesar que las y los trabajadores de la Salud han sido ampliamente ovacionados por su trabajo en el contexto de emergencia sanitaria, ni el gobierno ni las instituciones han tomado medidas de contención ni reparación para con las y los funcionarios que se desempeñan en el sector. Lo anterior, sumado a las situaciones cotidianas de estrés por carga laboral, han desembocado en enfermedades de salud mental, dolencias crónicas, hostigamiento entre pares, entre otros perjuicios con las y los trabajadores», expresaron.
«Sumándose a lo anterior e igual de grave es que hoy en día no exista ninguna medida contra equipos directivos del sector Salud, de todos los rangos, acusados de acoso laboral y sexual. Aunque muchas veces se presentan sumarios y denuncias, estas suelen quedar en el papel y no se aplica ningún tipo de sanción hacia los culpables. Fenats Nacional ha manifestado esto numerosas veces a la Ministra de Salud, María Begoña Yarza, y al Subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos; sin embargo, hasta la fecha no se tiene respuesta», añadieron.
La Federación citó entre los casos más actuales «y simbólicos sobre esta violencia estructural sin resolver», el de Carlos Zapata Sánchez, «administrador público de profesión cuyas pasadas por diversos Servicios de Salud siempre han estado conflictuadas por múltiples acusaciones de maltrato laboral y acoso sexual. Y aunque ha sido desvinculado más de una vez pidiendo su renuncia voluntaria a su cargo de Director, continúa postulando a puestos de ADP sin tener mayores registros en su historial público».
«Hasta el momento, hemos presentado cerca de 15 tutelas laborales e incluso querellas públicas, a propósito de denuncias anónimas, con el fin de que estos antecedentes sean considerados de una vez por todas al momento de realizar concursos de ADP o al efectuar cualquier nombramiento de autoridades políticas. También hemos solicitado una entrevista con la Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, considerando que este tipo de violencia en los lugares de trabajo afecta principalmente a mujeres, que en el sector de la salud alcanza una representatividad del 83% de acuerdo a estadísticas del Minsal», puntualizaron las y los trabajadores de la Salud.
Finalmente, Karen Palma, presidenta nacional de la Fenats concluyó: «No escatimaremos en esfuerzos para que los responsables de maltrato y acoso laboral tengan sus sanciones, y para que estas prácticas sean erradicadas de todo el sector salud. Es por eso que hemos decidido tener una estrategia, no descartando ningún tipo de acción política, jurídica, y la posibilidad de una movilización por un mal que aqueja a tantos trabajadores y trabajadoras de la Salud».