La moción que busca lograr la gratuidad en la entrega de estos necesarios documentos, fue presentada por los diputados Diego Paulsen, Pedro Álvarez, René García, René Saffirio, Roberto Poblete, Mario Venegas y Osvaldo Urrutia, quienes señalaron que las casas de estudios superiores cobran aranceles y matrículas que financian los recursos humanos y materiales de las mismas y por lo mismo “no parece razonable cobrar cada vez que un egresado de una institución, que por años pagó la matrícula y el arancel correspondientes, tenga que comprar además un certificado que acredite su título o estudios cursados”.
La utilización de este documento es fundamental para trámites tan importantes como el ingreso a cualquier trabajo, por lo tanto el cobro de éste más su copia certificada, se convierten sencillamente en un obstáculo y un costo injusto para quienes lo necesiten. Se suma a lo anterior el hecho de que no existe claridad de cuáles son los criterios para establecer las tarifas con que cobran las casa de estudio estas certificaciones y más encima, como ellas son las únicas que pueden emitirlas, obligan a los estudiantes titulados a comprarlas sin posibilidad de objeción.
Por último, los diputados que presentaron esta justa moción a la Comisión de Economía de la Cámara, señalaron que la medida establecería finalmente que «todo establecimiento de educación superior, es decir, centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, debe otorgar a cada egresado de su institución el certificado de constancia de título y estudios, sin costo alguno para aquel, dos veces al año si lo solicitare.”