Hacia un inminente fracaso

Cuando solo le resta al actual gobierno un año de gestión, y los partidos políticos prácticamente están consumiendo ahora todos sus esfuerzos en ganar las próximas contiendas electorales, es muy poco probable que el país avance considerablemente en los que son los objetivos fundamentales de la política. Esto es la búsqueda de la equidad social, la libertad y el logro de una democracia participativa. Cuya insatisfacción es lo que mejor explica fenómenos como el de la inseguridad, la creciente delincuencia y el miedo como la desesperanza de la población.

Quedan nuevamente en evidencia las asimetrías que existen entre los ingresos de la inmensa mayoría de los trabajadores respecto de ese cinco por ciento de los chilenos más ricos, quienes perciben más de 40 veces lo de cada pobre, según cifras corroboradas siempre por la Cepal y los diversos estudios nacionales y regionales.

Sin desconocer lo obrado por los gobiernos de la posdictadura en beneficio de erradicar la miseria o la extrema pobreza, lo cierto es que estos logros no han modificado las distancias entre el bienestar de la extrema riqueza y la dramática situación de quienes apenas logran subsistir. Lo que habla de los miles de tomas de terrenos y campamentos, cuyos habitantes viven en ascuas esperando en cualquier momento que los tribunales ordenen la demolición de sus precarias viviendas y la erradicación de estas familias en beneficio del “sagrado” derecho de propiedad, reservado en Chile para algunos y negado para las grandes mayorías de pobres, mapuches e inmigrantes.

Si bien hoy, contrario a lo que ocurría hace algunas décadas, a la mayoría no le falta el sustento alimenticio básico, ello no significa que objetivos como el de la salud, la educación, la vivienda y otros estén garantizados. Es insoslayable que los ricos son cada día más ricos y los pobres iguales o todavía más pobres al final de la actual administración del llamado progresismo chileno.

Esto significa que continuarán creciendo las listas de espera en los hospitales y que las brechas existentes entre la educación elitista y la instrucción pública serán todavía más ostensibles. Poca o ninguna diferencia marcará el Gobierno de Boric respecto de lo realizado por su antecesor y las administraciones de la Concertación y Nueva Mayoría. En este sentido, Chile, como las naciones de toda nuestra región y del Tercer Mundo, seguirá viviendo en “estado de pecado” según lo anotado tantas décadas atrás por el papa Pablo Vl y los episcopados católicos del continente.

Y las soluciones debieran ser más fáciles de lo que se cree. Diversos estudios nos señalan que, si se reasignara el cuatro o cinco por ciento del PIB, nuestros países podrían dar satisfacción a todas las demandas de la salud, educación y vivienda. Pero ello, ya sabemos, no se logrará en el año que nos queda, en que para colmo es la derecha la que ahora promete satisfacer cínicamente, las principales demandas sociales y, según las encuestas, tiene la mejor opción de alcanzar la victoria presidencial y parlamentaria en los comicios de fin de año. Salvo que prevalezca el feroz canibalismo practicado entre sus partidos y caudillos.

Esta ventaja de la derecha habla de los dividendos que entrega la millonaria propaganda electoral, como la propiedad y orientación de los más poderosos medios de comunicación. En una “democracia” en que la diversidad informativa no existe y, para peor, sigue restringiéndose. A lo que debemos sumar la enorme decepción popular respecto de lo que se esperaba de los actuales gobernantes.

Posiblemente tampoco ni este o el próximo gobierno hagan algo para aprobar una reforma tributaria sustantiva, que prohíba la extrema riqueza, disminuya los desmedidos gastos de defensa para el logro siquiera de una justa pensión para los jubilados. Además de mantener más o menos igual las diferencias que se consolidan entre los sueldos que ganan los hombres y mujeres. Tampoco será posible, ya, ponerle término al sistema previsional de las AFP y a las fatídicas isapres que lucran con la salud de la población. Lo que fueron promesas rotundas para lograr el apoyo de la ciudadanía.

Antes que la desatada competencia electoral nublara la contienda de ideas, nada se hizo para corregir los abusivos honorarios de ministros, subsecretarios, parlamentarios y otros altos funcionarios públicos, siempre por encima de 30 a 40 veces el salario promedio de los trabajadores. Una gran tajada del erario nacional que también la clase política comparte con operadores, asesores y funcionarios de su confianza. En que se hace gala del amiguismo, del cuoteo, del nepotismo y otros vicios que explican, en realidad, la unidad que mantienen los partidos que integran el oficialismo. Nada más que por el riesgo de que cualquier desacuerdo severo entre los moradores afecte la “correlación de fuerzas” y pueda arrastrar al desempleo de una cantidad de parásitos de la política. Militantes de partido todos, que, en virtud de lo cual, gozan de altos honorarios, gastos reservados y otras prebendas. Como también la que les asegura a los ex presidentes de la república percibir una abultada dieta vitalicia, aunque hayan gobernado solo por cuatro años.

Herencia indiscutible del actual gobierno será haber dotado a las policías de ingentes recursos para reprimir a los insatisfechos, a los que ocasionen movilizaciones y protestas que puedan desanimar la inversión extranjera y arriesgar la “calificación país” en las instituciones financieras y económicas internacionales. Nunca el sector castrense habría podido imaginarse las dádivas otorgadas por los izquierdistas en el poder. Por lo mismo que está tan asegurada la estabilidad institucional que fuera tan criticada por los que prometieron, también, derogar la Constitución Política del Estado heredada de la Dictadura y, ahora, desde el poder, son sus celosos guardianes.

Actualmente, ni a la derecha o el oficialismo se les ocurriría golpear las puertas de los cuarteles para perseguir, por ejemplo, la corrupción y los abusos de poder, que bajo este gobierno no disminuyeron en nada su tendencia alcista. Seguramente a imitación y abrigo de la codicia de los mismos militares y toda la impunidad que se manifiesta al respecto. Junto con seguir postergando las sentencias que castiguen el cohecho, tanto como los sobornos políticos y empresariales de aquellos bullados escándalos ocurridos durante los gobiernos predecesores. Todo esto porque nuestra democracia no es del pueblo, ni con el pueblo ni para el pueblo.

Pero como el voto es obligatorio y la población tiene menos formación cívica y cultural que en el pasado, lo más probable es que las dirigencias políticas a fin de año vuelvan a jactarse de la fortaleza de nuestras instituciones, y el país renueve la visa que le otorgan las grandes potencias a nuestro sistema económico y desigualdad social.

Y, de esta manera, volvamos a salvar de los bloqueos y las desestabilizaciones instigadas contra aquellos países más dignos que el nuestro enfrente de la gran potencia imperial y el desquiciado gobierno de Trump.

Por Juan Pablo Cárdenas S.

Política y Utopía, 21 de marzo 2025.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo:

El precio que cobra la corrupción