La vida de Oscar Pérez, de 20 años, cambió el 20 de diciembre de 2019 tras ser atropellado por la espalda por un carro lanza gases y aplastado contra otro furgón de Carabineros del mismo tipo, el primer día de la estrategia de «copamiento preventivo» en la capital, mientras participaba en una manifestación en Plaza Dignidad.
Tras ello, tuvo múltiples fracturas, disección de su uretra, corte de ligamento y secuelas permanentes, además de varias cirugías y tratamientos, que lo tuvieron en cama todo el 2020. Así lo explicó su hermana, Valeria Pérez, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, a la que señaló que el Estado jamás se ha pronunciado en todo este período, pese al daño generado.
La joven agregó que “los casos de violaciones a los Derechos Humanos no son hechos aislados y que falta una labor de reconocimiento institucional por la falta de servicio del Estado, ya que el gobierno ha hecho caso omiso al llamado de instituciones y organizaciones internacionales sobre dicha situación”.
Por ello, valoró la moción que hace efectiva la responsabilidad civil del Estado en casos de víctimas de lesiones, mutilaciones y muertes en el contexto de manifestaciones sociales (boletín 13854) y que tramita la mencionada Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
En ese sentido, consideró que se debe extender el concepto de víctima no sólo a la o él afectado, sino a sus familiares, que igual sufren un gran dolor, un duelo enorme, que constantemente se conecta con otros hechos de violencia que se producen en protestas sociales y que ven por redes sociales y la televisión.
Por otra parte, valoró que la iniciativa señale que “no es necesario probar la falta de servicio”, que es el punto que actualmente sirve para desarticular la responsabilidad administrativa por parte del Consejo de Defensa del Estado. “Es alentador en casos más complejos que no saben quién los atacó”, destacó Valeria Pérez.
¿De qué trata la moción?
El texto en trámite busca establecer una regulación especial para efectos de determinar la responsabilidad del Estado de Chile respecto de todas aquellas personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones y muertes bajo el contexto de movilizaciones sociales en el denominado Estallido Social.
Las responsabilidades reguladas se establecerán sin perjuicio de las responsabilidades personales e institucionales que puedan ser establecidas en sede penal o administrativa, así como de las responsabilidades administrativas que determinen las autoridades competentes.
El objeto de la ley será perseguir la responsabilidad civil (indemnización pecuniaria), que constituye una esfera de reparación, pero no es una reparación integral, pues no incluye otras como criterios de satisfacción, las garantías de no repetición y de accesibilidad a las prestaciones relacionadas con la administración de justicia y acceso a la salud en el sentido amplio.
Además, se propone modificar ciertos aspectos, como ampliar los tipos penales que darán acción para acogerse a esta ley (lesiones físicas o psíquicas, mutilaciones, tortura, apremios ilegítimos, vejación injusta, violencia sexual y muertes) en el contexto de movilizaciones sociales en el denominado Estallido Social; y se incorpora que se hayan infringido por agentes del Estado. Así lo explicó una de sus autoras, la diputada Camila Vallejo (PC), en una sesión anterior.
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