El 11 de enero de 2010, la Presidenta Michelle Bachelet inauguraba el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Mientras la mandataria pronunciaba su discurso, una joven escaló una de las torres de iluminación del lugar e interrumpió el acto denunciando que «en Chile se violan los derechos humanos».
El nombre de la manifestante era Catalina, quien es hermana de Matías Catrileo Quezada, estudiante mapuche de 22 años que fue asesinado por el cabo segundo de Carabineros, Walter Ramírez Inostroza, en un operativo policial para reprimir la ocupación del fundo Santa Margarita (comuna de Vilcún, La Araucanía), ocurrida el 3 enero de 2008, en el tercer año del primer gobierno bacheletista.
A una década del trágico episodio, El Ciudadano conversó con Catalina Catrileo, quien tiene una visión crítica acerca del desempeño de las instituciones en el tratamiento de las demandas del pueblo Mapuche, las mismas por las cuales su hermano se movilizó. Desde Temuco, esto fue lo que nos contó.
¿Cómo observas el tránsito del conflicto entre el Estado y las comunidades mapuche movilizadas en estos últimos 10 años? ¿Qué transformaciones notas desde el tiempo de Matías como weychafe hasta ahora?
Hemos podido notar que hay muchas comunidades que siguen en el proceso de recuperación de tierras, que están queriendo retomar el ser mapuche, fortaleciendo la cosmovisión, la espiritualidad y también el vivir en el campo. Hartas comunidades han recuperado la tierra y han podido tomar esa forma de vida.
En términos del Estado, de cómo reacciona frente a esa necesidad que tiene la gente de recuperar la tierra, es represión, lamentablemente. Sí han habido –después de que la gente ha luchado mucho– devoluciones de tierra, pero viene muy acompañado de la represión y de criminalizar una lucha que es política, pero el Estado sigue viéndola como actos aislados de desorden o de algo criminal y no quieren ver el tema político que hay detrás.
¿Cómo llega Matías a involucrarse en la demanda política del pueblo Mapuche?
Matías tiene un despertar importante en un momento importante de su vida, cuando fallece Álex Lemún. A él (Matías) lo marcó harto ese asesinato y él ya estaba en un proceso de recuperar la lengua, de aprender más de la cultura mapuche.
Cuando decide venir a estudiar a Temuco es que empieza a involucrarse más con la realidad que existe acá, a conocer la situación de la gente en el campo, la pobreza, la represión y entonces, comienza a ser cada vez más solidario y hacer cosas para apoyar a la gente, a los presos y sus familias. A medida que uno va conociendo más la realidad, se va sensibilizando más y va queriendo ayudar más y apoyar las luchas que lleva la gente.
¿Cuánto se ha fortalecido o profundizado el compromiso que tienen como familia con las reivindicaciones que compartía Matías?
Antes de que falleciera Matías, nosotros los veíamos como algo muy lejano a nosotros. Era algo terrible, pero era como ver las fotos de Palestina o Afganistán, lo veíamos muy ajeno. Después que nos tocó a nosotros, de golpe y porrazo vimos todo lo que estaba ocurriendo.
En general, el proceso que hemos vivido como familia ha sido de conocer más y de tratar de hacer una solidaridad con la gente que está luchando, aunque sea poquito, porque creemos que son justas y necesarias las demandas que reclaman las comunidades. Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en autodeterminación y a tener territorio.
En 2017, el tema mapuche estuvo marcado por la huelga de hambre de los detenidos del Caso Iglesia, la frustrada «Operación Huracán», la absolución de los 11 imputados por el caso Luchsinger-Mackay y la anulación de ese juicio. Pensando en la situación que vivieron de cerca como familia y en estos casos recientes, ¿qué evaluación tienen sobre el papel desempeñado por las policías y los tribunales?
Vemos cómo aumenta el contingente policial en las comunidades y cómo actúan cada vez de forma más desmedida, sin criterio. Por ejemplo, está el caso del chico Brandon [Hernández] o de otros niños que han sido violentamente golpeados por la policía.
Por otra parte, el tema judicial se refleja absolutamente en el caso Luchsinger-Mackay, que no hay independencia política respecto a los juicios. No les gustó el resultado y ahora van a poner otros jueces que, probablemente, sí los van condenar con las mismas pruebas. Se encargaron de anular el juicio y hacerse parte los poderes de los gobiernos, como el Ministerio del Interior. Entonces, deja de haber imparcialidad y continúan viéndolo como que no es político, sino criminal, siendo que ellos sí manejan el tema de forma política para reprimir al pueblo Mapuche.
Se llenan la boca diciendo que el matrimonio Luchsinger-Mackay no tuvo justicia, siendo que hay un machi condenado [Celestino Córdova]. En el caso de Matías, hubo una condena, pero esa no es justicia, porque nunca hizo cárcel, entonces hubo impunidad. Siempre hay impunidad cuando se reprime al pueblo Mapuche.
¿Por qué crees que se pone el acento en la criminalización de la causa mapuche y no en el contenido de su demanda política?
Yo creo que es porque hay muchos intereses económicos de por medio. A ningún gobierno que, en el fondo va a defender al Estado, le conviene escuchar que el pueblo Mapuche pide autodeterminación e independencia en su territorio, porque eso significaría que muchas tierras que son mapuche, donde el Estado y los empresarios sacan mucho dinero, las perderían.
En el fondo, es un territorio muy rico para el Estado chileno, donde se genera mucha inversión capitalista y que el Estado chileno no está dispuesto a ceder para que el pueblo Mapuche viva con libertad y autodeterminación. No quieren evaluar ni aceptar esa demanda, porque sería una pérdida económica muy grande para ellos.
¿Qué papel han jugado los grandes terratenientes en esta trama que tiene lugar en la zona de conflicto?
Han jugado un papel bien racista, de «patrón de fundo» y bien clasista también, mirando en menos a la gente mapuche, siempre despreciándolos y sin querer entender que están ocupando territorio que es mapuche, que no es de ellos y, además, sin querer ver que sus abuelos, en el fondo, estafaron a nuestros abuelos y les quitaron la tierra, además de la que el Estado chileno les regaló para que hicieran «patria» o colonizaran.
En junio, la presidenta Bachelet pidió perdón al pueblo Mapuche por «los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos y sus comunidades”. ¿Qué te parece esta declaración, considerando que Matías fue asesinado durante su primer gobierno y por un funcionario de Carabineros?
La verdad es que las palabras se las lleva el viento. Las cosas se demuestran con los hechos y si creen que hicieron mal las cosas, ¿por qué las siguen haciendo? No sacan nada con decir que cometieron un error, si continúan reprimiendo y en cualquier momento pueden volver a matar a otra persona, porque la policía actúa de forma descriteriada. Es mucho bla bla, pero no se condice con las acciones que el Estado chileno está haciendo.
¿Tienen previsto algún acto de conmemoración especial con motivo de los 10 años de la muerte de Matías?
Para el 4 enero, en Temuco, se hará un acto de conmemoración, donde vamos a lanzar la biografía de Matías Catrileo, que es un trabajo que hizo el historiador Fernando Pairicán y también habrá espacio para que voceros de comunidades o presos políticos puedan contarle a la gente en qué situación están sus familiares.
En Santiago se hará una marcha en Plaza Italia el viernes 5 de enero, repudiando los asesinatos y la impunidad, y también en contra de la represión y la militarización que hay en Wallmapu.