Por Equipo Comunicaciones Mapuche / El mismo Juzgado de Garantía en Temuco, que descartó la prisión preventiva para Martín Pradenas por los casos de violación y abuso sexual, negó este 27 de julio el amparo interpuesto a favor de Teresa Millacheo (embarazada), Noelia Bayotoro (embarazada) y Daniela Sierra Soto (Madre lactante), quienes fueron una de las nueve mujeres violentamente detenidas en las dependencias del edificio Intendencia de la Región de la Araucanía, en particular del Registro Civil de Temuco, cuyo director es Juan de Dios Fuentes, quien ha sido acusado de promover un discurso de odio e intolerancia contra el Pueblo Mapuche.
Fuentes, previo a ser designado por Piñera como director del Registro Civil de La Araucanía, tuvo polémicas intervenciones públicas como dirigente de sectores latifundistas y empresarios de la región que han mantenido conflictos de tierras con comunidades mapuche, e incluso presidió la campaña “Paz en la Araucanía”, portando armas de fuego al cinto, como sucedió en un encuentro de este sector en el año 2016.
Precisamente, el desalojo de un grupo de personas mapuche, en su mayoría mujeres, con nueve detenidas desde las dependencias del Registro Civil este lunes 27 de julio, fue requerido por Juan de Dios Fuentes, el mismo a quien a inicios de octubre del 2019, la Fiscalía de Collipulli solicitó al juez de garantía una condena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo y su suspensión en el cargo de Director Regional del Registro Civil de La Araucanía, por amenazar la integridad física de un menor de 13 años, en un sector rural en la provincia de Malleco, acción que, sin embargo, quedó en la impunidad.
Las nueve mujeres detenidas buscaban respuesta a carta enviada al Gobierno por la situación de los presos mapuche en huelga de hambre, siendo violentamente detenidas en la ciudad de Temuco por Fuerzas Especiales de Carabineros en dependencias del Registro Civil, derivándose al dentro de detención, interponiéndose un amparo ante el juez de Garantía de Temuco, a favor de dos embarazadas y una madre lactante, el que fue denegado, debiendo pernoctar en las celdas policiales y este martes trasladadas a control de detención.
Cabe recordar, que ante ciertos llamados desde representaciones políticas del Estado en “pedir perdón” al Pueblo Mapuche en el periodo anterior, por los abusos y atropellos históricos, el actual director del Registro Civil señalaba hace tres años: «Por qué, cuál es la razón, cuáles son los errores históricos del Estado, ¿haberles dado educación gratuita? ¿Un fondo de tierra? Todos los años se aprueba un fondo solo para la adquisición de tierras para ellos y se les entrega de regalo. ¿Por eso se les pide perdón?».
Para el Equipo de Trabajo de Derechos Colectivos, “Fuentes es parte de ese grupo de latifundistas con un discurso de odio e intolerancia en la Araucanía, que promueve la violencia contra las reivindicaciones del Pueblo Mapuche, que desconoce las masacres históricas del estado contra decenas de miles de personas para despojar el territorio histórico y traspasar tierras a colonos y que se ha proyectado en el presente una serie de situaciones racistas y discriminatorias, incluyendo la negación de justicia (…) El discurso de odio de Fuentes fue premiado por Piñera y lo nombró director del Registro Civil de la Araucanía al inicio de su segundo mandato, similar a lo del Ministro de Justicia, Hernán Larraín, vinculado a grupos que han cometido crímenes de lesa humanidad en Colonia Dignidad y que hoy mantiene en un estado crítico a los presos mapuche en huelga de hambre”.
El 4 de mayo de este año se inició una huelga de hambre por ocho presos en la cárcel de Angol y uno en Temuco, sumándose hasta llegar a 27 presos con esta medida de protesta en estos recintos, más el de Lebu. La razón de esta huelga es por la exclusión de la ley penitenciaria Covid 19 como medidas sanitarias, que significó en mayo el cambio de medidas cautelares, libertades condicionales y la aplicación del indulto conmutativo a un tercio de la población penal, como también, no permitirles acceder a beneficios que son otorgados por el reglamento carcelario, y por la no aplicación de las normas internacionales de Derechos Humanos, especialmente las de Pueblos Indígenas, como el Convenio 169 de la OIT, que instan a adoptar medidas especiales y alternativas a la población indígena en casos de aplicación del sistema penal.
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