Este lunes 19 de abril fueron presentadas en el Séptimo y Noveno Juzgado de Garantía de Santiago dos querellas que buscan identificar y sancionar patrones represivos de parte de agentes del Estado, en el marco de las manifestaciones ocurridas entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre del año 2019, una vez iniciada la revuelta popular.
Las querellas fueron presentadas al cumplirse un año y medio de la creación de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, la cual nace para dar apoyo a los y las manifestantes víctimas de la represión, el mismo día del inicio de la revuelta popular, 18 de octubre de 2019. A partir de entonces, este organismo de hecho, fue integrado por profesores de derecho de la Universidad de Chile, la organización de abogadas feministas (ABOFEM), el equipo jurídico de Londres 38, espacio de memorias, estudiantes de derecho de la Universidad de Chile y el Centro de alumnos de la facultad de derechos de la misma.
Así, mes a mes, esta organización emitió informes con los datos de las denuncias, los que develaron la violencia sistemática por parte de agentes del Estado en las manifestaciones. Además, se publicó un informe final que dio cuenta de la grave situación en materia de derechos humanos que vive el país y la falta de justicia.
Como parte de este exhaustivo trabajo, se realizó una sistematización de las denuncias de víctimas de violencia estatal, durante el periodo señalado, cometidas tanto en la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia), ubicada en el centro de la capital, como en la Plaza Maipú. La abogada de Londres 38, espacio de memorias, Karinna Fernández, releva que este largo trabajo de análisis, caso a caso, les permitió levantar estas “querellas poderosas”, como las llama.
“Identificamos un entramado macro criminal que tiene que ver con la existencia de patrones que vimos repetirse otra vez en las calles. Quienes conformamos la defensoría creemos que hay una herramienta jurídica relevante que no podíamos dejar pasar, esta tenía que ser capaz de generar hitos jurídicos transformados en querellas que dieran cuenta de esa existencia de patrones, y que dieran cuenta del conocimiento de todas las autoridades y de todo el mando de Carabineros, de la perpetración de los mismos, así como de sus consecuencias”, explicó Fernández.
La abogada defensora de derechos humanos afirmó que este trabajo no hubiese sido posible sin el apoyo y compromiso de voluntarios y voluntarias que recogieron la información, la analizaron y sistematizaron, por lo que destacó el gran trabajo en equipo que permitió que hoy se haga presente esta acción jurídica, que busca aportar a la larga lucha contra la impunidad.
“Aquí no se estuvo en presencia de delitos de perpetración espontánea, sino que hay un engranaje sistémico, sistemático, y también que da cuenta de patrones que no pudieron pasar desapercibidos para las autoridades y el mando de Carabineros. Las querellas reflejan eso, el resultado de un análisis de esos elementos y que para Londres 38, en particular, incluso en los casos de la dictadura, ha sido muy relevante enfatizar este aspecto. La lucha contra la impunidad pasa, en cierta forma, por relevar y evidenciar estos patrones de perpetración de delito, ubicados en este caso, tanto en la Plaza de la Dignidad como en Maipú, donde vimos una mayor realización de delitos con graves violaciones a los derechos humanos perpetrados desde el aparato estatal, en particular desde Carabineros”, añadió Fernández.
Fuente: Londres 38, Espacio de Memorias
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