Este lunes 30 de noviembre, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y las diputadas comunistas Camila Vallejo y Marisela Santibáñez, en compañía de la concejala por Santiago Irací Hassler, el concejal de la Florida Nicolás Hurtado y la presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade), Dafne Concha, acudieron al Tribunal Constitucional (TC) contra la acción ingresada por el Ejecutivo en el marco del segundo retiro del 10 % de los fondos previsionales.
Entregaron un documento de 7 páginas que indica que el requerimiento del Gobierno que busca frenar el segundo retiro en reforma constitucional parte de una hipótesis errada de una diferenciación forzada sobre el concepto de reforma implícita.
“Es impresentable que quien se niega a pagar impuestos pretenda que quienes más lo necesitan paguen por retirar el segundo 10 %. Acudimos con diputadas, concejales y concejalas del PC al TC para impedir esto”, subrayó Jadue.
Camila Vallejo dijo: “ingresamos un escrito en el Tribunal Constitucional en contra del requerimiento ingresado por el Gobierno que quiere echar abajo el segundo retiro del 10 %. No queremos un retiro con letra chica”.
Para Jadue, es lamentable ver tantos errores en las acciones del Gobierno de turno, y dijo, según recoge El Mostrador: “yo lamento que se siga equivocando cada día, demorando la ayuda y no haciendo lo necesario, además, siempre llegando tarde y de manera insuficiente y tratando de ponerle letra chica a cada paso que da”.
Por su parte, la diputada Marisela Santibáñez recalcó que, con la iniciativa del Gobierno, los niños chilenos quedarían en la desprotección, al no asegurar el pago de las deudas de pensión de alimentos.
“El proyecto presentado por el Ejecutivo no contempla realmente a los niños y niñas (…) estamos en deuda con ellos y con su mantención; el derecho de los niños y niñas se ve trastocado en este proyecto presentado por el presidente de la República”, afirmó Santibáñez.
Adicionalmente, también estuvo presente la insistencia en que el quorum de aprobación sea de 3/5, y no de 2/3 como lo plantea el Gobierno. En el documento entregado se sostiene la tesis de que la reforma resultaría contraria al sistema de seguridad social.
Fuentes: El Mostrador/ El Desconcierto/BBCL.
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