El Gobierno confirmó sus intenciones de ampliar el control preventivo de identidad, de forma que las policías estén autorizadas a realizar el procedimiento con personas entre 14 y 17 años. Fue la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien entregó los detalles de la impúdica iniciativa del Ejecutivo para reducir las libertades de la población, los que incluyen más facultades para los agentes del Estado, quienes podrían registrar pertenencias sin una señal que sugiera la comisión de delito.
“Creemos que la actual ley de control de detención tiene que tener modificaciones que permitan, no solamente y eventualmente ampliar la edad para que las personas puedan ser objeto del control de detención, y estamos hablando eventualmente de mayores de 14 años, sino que también permitir el registro sin necesidad de un indicio. Aquí estamos hablando de accesorios, de automóviles, de vestimenta. Es súper claro: quien nada hace, nada teme”, afirmó la ministra.
Por su contenido, la idea de la administración piñerista ha sido blanco de críticas desde distintos frentes. La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, puso en duda el éxito de la iniciativa y manifestó su preocupación por la carencia de un enfoque en derechos humanos.
“Vemos que en relación con los adultos, respecto de quienes ya se les aplica este control preventivo, no ha habido evidencia suficiente que entregue respaldo sobre la efectividad de la medida”, señaló la abogada a La Tercera, quien añadió que la propuesta “en términos generales, no se condice con esas pretensiones y esos estándares de derechos humanos”.
A su vez, la defensora recordó que en los últimos tres años ha bajado en 31% la cantidad de menores infractores de ley (14 – 17 años). “Por eso la propuesta es aún más incoherente, ya que no se sostiene en la evidencia”, aseveró.
Desde el mundo académico, el abogado Mauricio Duce manifestó a LT que “es preocupante lo que está proponiendo el Gobierno, porque hasta el momento los antecedentes empíricos dan cuenta de que el control preventivo es mucho menos eficaz que el control investigativo”.
El docente de la Universidad Diego Portales dijo desconocer evaluación oficial “que indique que haya que ampliar este tipo de herramientas” y sostuvo que el anuncio “puede estar inspirado más en una cuestión comunicacional, que una verdadera necesidad del sistema penal”.
En tanto, el ex fiscal Pablo Norambuena explicó en La Segunda que “la ampliación de facultades hecha en 2016 no ha generado una disminución concreta en el fenómeno delincuencial, ni en cuanto a situaciones de flagrancia ni en cumplimiento de ordenes judiciales vigentes. Señalar que las potestades que tiene la policía son ineficientes, aparece más bien como una cuestión de populismo penal”.