Debido a los insuficientes recursos disponibles frente a las necesidades de atención, resulta inevitable que en los sistemas de salud exista espera en las atenciones, una situación preocupante que en los últimos años ha copado la agenda noticiosa, debido a los excesivos tiempos que demoran las atenciones, prologando el sufrimiento de las personas y erosionando la legitimidad del mismo sistema de salud.
Un escenario preocupante que el Informe Anual de Derechos Humanos 2018, en su capítulo “Solución a las listas de espera en el sistema público de salud: Una promesa incumplida”, aborda de manera acuciosa y pormenorizada, reconociendo en esta situación de manera implícita, una denegación en el derecho al acceso a la salud.
En el estudio se reconocen varios factores que influyen en los dilatados tiempos de atención oportuna. Según un informe del Colegio Médico del año 2017, el colapso en los servicios de urgencia y las consecuentes listas de espera, se deben a que la atención del 80% de la población en el sector público recae en un 43% de médicos que trabajan en jornada completa o parcial.
Una realidad que se vio reflejada en una carta, fechada el 22 de mayo de 2018, donde un grupo de oncólogos del Hospital San Borja Arriarán reconoció que las horas de extensión horaria, programada por los propios médicos, están colapsadas y ocupadas por pacientes ya retrasados en su tratamiento, en un sistema que mantiene un déficit de enfermeras, sillones disponibles, falta de camas y medicamentos oncológicos en farmacias.
A esto se suma un escenario aún más lamentable: el mayor número de retrasos se concentran en las personas del tramo FONASA B, correspondiente al grupo más vulnerable de la sociedad cuyo ingreso imponible mensual resulta menor o igual a 276 mil pesos. Cabe consignar que en la especialidad de traumatología existen personas que llevan esperando un tiempo mayor o igual a tres años y que en enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en el mundo y en Chile, el promedio de espera es superior a dos años.
Respecto a las cirugías, el rango de espera oscila entre los 207 y 500 días en diferentes servicios de salud. Entre las cirugías que representan mayor número de personas en espera, en un tiempo igual o mayor a tres años, son la traumatológica, con 6.747 casos, y la digestiva con 5.579.
En promedio, el 48% de las personas espera 2 años por una atención en casos de consultas por especialidad y el 50% espera más de dos años por una intervención quirúrgica. Los servicios de salud que tienen las medianas más altas, superior a los 500 días de espera, son Arica, Viña del Mar-Quillota y Metropolitana Norte.
De acuerdo a información del Ministerio de Salud, las Garantías de Oportunidad Ges (Garantías Explícitas en Salud) Retrasadas, que contemplan aquellos casos donde luego del tiempo transcurrido para la prestación no existe evidencia que permita corroborar la atención, acumulan un total de 11.622 casos desde marzo de 2014 a mayo de 2017. Si se analizan los retrasos según sexo, un 67,14% de las personas bajo esta condición corresponden al sexo femenino y un 32,83% al masculino.
La cifra de fallecidos por Garantías de Oportunidad GES Retrasadas alcanzó los 11 mil casos, entre los años 2005 y 2016, generando una alarma pública que derivó en una comisión asesora ministerial, que logró establecer una asociación potencial en el 15% de las personas que esperaban una atención de salud y terminaron fallecidas. Muertes que desde un enfoque de derechos humanos, enfatiza el Informe del INDH, resultan inaceptables debido a las limitaciones de acceso a la salud para personas que en teoría tienen cobertura.
Cabe consignar que, en otra arista similar, el fiscal Emiliano Arias detectó irregularidades en las listas de espera del Hospital de Rancagua en atenciones de salud GES y NO GES, encontrando que numerosos pacientes habían sido eliminados sin haber recibido la atención de salud solicitada y se encontraron más de dos mil fichas escondidas en el recinto asistencial.
Una situación que, recalca el informe, es “gravísima” pues existió una acción intencionada de denegar una atención de salud que, según la propia investigación, constituyen delitos de prevaricación administrativa, cuasi delito de homicidio y fraude al fisco. Esto último debido a los bonos económicos por incentivos a directivos y funcionarios por el cumplimiento de metas determinadas por el Ministerio de Salud.
Recomendaciones
El INDH recomienda al Estado adoptar medidas económicas, técnicas y legislativas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr una progresiva efectividad, sin discriminación, al derecho a la salud.
Recomienda, además, al Ministerio de Salud, generar un sistema de alerta en relación a pacientes con prolongados tiempos de espera, desarrollar un mecanismo de fiscalización respecto del cumplimiento de la gestión GES, diseñar nuevas herramientas que permitan evitar incentivos inadecuados para el cumplimiento de la atención en los plazos estipulados, elaborar un marco normativo y de gestión que permita a la Atención Primaria en Salud fortalecer los planes preventivos en la población y elaborar programas de formación permanente a los profesionales que trabajan en Atención Primaria de Salud.
Por último, el INDH sugiere a los poderes colegisladores otorgar mayores recursos en salud pública con una mejor gestión y mecanismos de evaluación, con el objeto de dar respuesta a las demandas de atención de la población, que se traducen en largas listas de espera, que atentan en contra del derecho al acceso a la salud garantizado en la constitución de nuestro país.
Descarga aquí el Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2018
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