INDH pide 15 años de cárcel para carabinero que disparó lacrimógena a Fabiola Campillai

Una pena de quince años de cárcel pide el Instituto Nacional de Derechos Humanos para Patricio Maturana, capitán de la 14 Comisaría de Carabineros acusado de disparar una bomba lacrimógena contra Fabiola Campillai, la tarde del 26 de noviembre de 2019 en San Bernardo, en el contexto de la revuelta social.

Según recuerda la acusación particular interpuesta por el INDH, que actúa en calidad de querellante en este caso, los hechos se desarrollaron alrededor de las 20.30 horas del 26 de noviembre mientras se registraba una manifestación. Maturana advirtió la presencia de personas “que no formaban parte de la manifestación, no afectaban la libre circulación de transeúntes y/o vehículos, ni colocaban en peligro la vida y/o la seguridad de las personas”. Pese a ello, “abusando de su cargo y con el propósito de proferir dolor”, les disparó una bomba lacrimógena.

El proyectil impactó a Fabiola Campillai, que estaba a 51 metros de distancia. Maturana y su grupo no prestaron auxilio a la herida, que quedó inconsciente. El piquete lanzó una bomba lacrimógena de mano a la hermana de Fabiola y luego se retiró del lugar. La víctima perdió completamente la visión debido al estallido de ambos ojos, sufrió fracturas en el rostro y el cráneo. Perdió el olfato. De no haber recibido ayuda médica, las heridas le podrían haber causado la muerte.

Por lo anterior, el INDH plantea en su acusación particular que estos hechos corresponden al delito de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas. Además, tiene entre sus agravantes el haberlo cometido con “alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra a traición o sobre seguro”, sostiene el escrito del INDH.

Junto con los quince años de cárcel, el Instituto solicita la inhabilitación absoluta de Maturana para ejercer cargos públicos. Actualmente Maturana cumple arresto domiciliario total.

En tanto, los abogados de Fabiola Campillai pidieron quince años de cárcel, mientras que el Ministerio Público solicita un castigo de doce años y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), doce años y 183 días.

La audiencia de preparación del juicio oral se realizará el próximo 27 de diciembre, en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.