Como” bastante desolador” describe el panorama de los derechos laborales en el país el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2014 de la Universidad Diego Portales, especialmente en lo que se refiere a la huelga como un derecho fundamental, hasta ahora “incumplido por el Estado de Chile”. El tema ocupa un capítulo completo del mismo y recomienda una reforma global a los Libros III y IV del Código del Trabajo. Además solicita consagrar el derecho de huelga entre las garantías del artículo 19 de la Constitución Política, salvo en el caso de servicios esenciales, de acuerdo a estándares definidos por la OIT. Por otro lado acusa una deuda en materia legislativa y también en el ámbito institucional y comunicacional, “principalmente por la escasa y en algunos casos nula intervención del Estado para los efectos de dar una adecuada protección frente a los actos ejercidos por empleadores tendientes a mermar o anular el derecho de huelga, y por el tratamiento que recibe el ejercicio de este derecho por parte de los medios de comunicación social: resaltando situaciones puntuales de violencia e invisibilizando el conflicto laboral de fondo que está detrás”.
El Informe fue presentado a la opinión pública en la Facultad de Derecho de la UDP, por la directora del Centro de Derechos Humanos, Judith Schönsteiner, y su editor general, el académico e investigador Tomás Vial. El lanzamiento oficial se realizó ayer en el Aula Magna de la misma Facultad, y contó con la participación de la Ministra del Trabajo, Javiera Blanco, y de la Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, y del sacerdote jesuita Felipe Berríos.
La presente es la duodécima versión de la publicación, y cuenta con 12 capítulos que revisan el estado de los derechos humanos en el país, de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a las obligaciones contraídas por Chile. En esta oportunidad, dos capítulos fueron dedicados al tema laboral – al de la huelga se suma una investigación inédita sobre las trabajadoras de casa particular- y otros dos a aspectos centrales de la política pública respecto de los pueblos indígenas, como son la entrega de tierras y la consulta previa. Sobre la primera se indica que “se trata de una política pública fuertemente expuesta a presiones políticas, poco transparente, que no permite un control sobre los recursos públicos invertidos ni sobre los procedimientos utilizados para la restitución de territorios reivindicados por los pueblos indígenas”.
En tanto, tres capítulos se abocan el estudio de la vulnerabilidad de la infancia y adolescencia en Chile, en los ámbitos del derecho a la salud mental; a una educación inclusiva por parte de aquellos que sufren discapacidad, y a una institucionalidad pública que a juicio del Informe no garantiza la protección de los derechos fundamentales este sector de la población.
Otros capítulos reiteran líneas investigativas de años anteriores, como el de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura -el único presente desde la primera edición- que examina los temas de verdad, justicia, memoria y reparación. El de condiciones carcelarias, en tanto, aborda la situación de los derechos humanos en el sistema penitenciario de Chile durante el último lustro, desde la perspectiva de las propias personas privadas de libertad, tanto en las cárceles públicas como concesionadas, mostrando que aún se está lejos de alcanzar condiciones satisfactorias desde el punto de vista de los derechos humanos.
Un estudio inédito lo constituye el capítulo “Medio ambiente y derechos humanos: Organismos genéticamente modificados (OGM, más conocidos como alimentos transgénicos) y derechos del obtentor vegetal”, que identifica y analiza los principales aspectos involucrados en torno a la utilización de estos en la agricultura y los riesgos socioeconómicos y ambientales que su empleo genera, así como las preocupaciones que surgen su consumo y las dificultades que plantea para la conservación del patrimonio genético nacional.
Tampoco están ausentes de este Informe los “Derechos de los migrantes y refugiados”, con un diagnóstico de la situación actual de las personas migrantes y solicitantes de refugio que residen en el país, y las vulneraciones a sus derechos humanos producto de una normativa legal desactualizada. “Chile necesita un cambio legislativo en la materia para responder al fenómeno migratorio actual”, es una de las principales conclusiones de este capítulo.
Por último, el capítulo “Homoparentalidad en Chile y derechos humanos”, aborda cómo el Estado asegura el igual ejercicio de la parentalidad y maternidad en Chile, tanto en filiación y adopción como en procesos de fertilización asistida, de hombres y mujeres gay, lesbianas y trans. Se concluye que “hoy la normativa chilena desconoce y niega ese derecho a esa parte de la población chilena, lo que constituye una infracción a los compromisos que Chile ha tomado con la comunidad internacional”.
El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP no pretende realizar un examen de la totalidad de las obligaciones internacionales del Estado de Chile en la materia, sino “sobre aquellos aspectos de nuestra vida social que consideremos de particular gravedad por su carácter estructural o que no han sido destacados con anterioridad”. Además, formula recomendaciones al Estado de Chile con miras a superar esa situación.
El Ciudadano
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