Informe de Escazú Ahora revela que el 70% de agresiones a activistas medioambientales son a mujeres

El pasado 17 de marzo, la ONG Escazú Ahora publicó su último informe sobre la situación de las personas defensoras de la naturaleza en Chile durante el 2024. En el marco de la creciente violencia hacia defensores ambientales, que toma como antecedente el caso de la desaparición de Julia Chuñil, se destaca que las agresiones físicas contra activistas medioambientales se triplicó el último año en relación a 2023.

Geografía de la violencia

Dicho informe reveló que en el último año, el 48,9% de las agresiones recibidas por activistas fueron de carácter físico, lo que supera el 14,7% registrado en 2023. Por otra parte, el documento destacó que las mujeres defensoras ambientales enfrentaron una exposición mayoritaria, ya que, el 70,2%  de los casos documentados involucró a mujeres amenazadas o agredidas más de una vez en el mismo año. Además, se constató que los sectores de saneamiento ambiental y energía han utilizado recursos de protección y querellas como forma de amedrentamiento. 

La Región de Valparaíso se mantuvo liderando en cantidad de personas afectadas (27), no obstante, la Región de Biobío oscila como el epicentro de la violencia física, con el 34% de los ataques registrados.

Sector productivo asociado a actos de violencia

El informe logró registrar que el incremento en la violencia hacia defensores medioambientales fue asociado a la industria forestal, sector que aumentó del 17,4% al 38,3% en tan sólo un año. Lo que además reveló una correlación con el aumento de violencia física, ya que el 91,3% de los casos registrados tuvo vinculación con el sector forestal. 

Sumado a ello, el saneamiento ambiental también sufrió un incremento. Pasó de representar el 4,3% de los casos en 2023 a un sobresaliente 17% en 2024, lo que se condice con la construcción de acueductos y la gestión de residuos, situaciones que han sido denunciadas por defensores ambientales de forma reiterada.

Casos documentados

El informe también destacó a la abogada ambientalista Orietta Llauca, quien recibió una amenaza por correo electrónico en el que se le exigió desistir de sus causas o quemarían su casa. 

En 2024, pese a haber denunciado el caso ante el Ministerio Público, su oficina fue incendiada. “La alta incidencia de violencia física sugiere que las mujeres defensoras no solo son vistas como un obstáculo para ciertos intereses económicos o políticos, sino que además enfrentan riesgos adicionales por motivo de su expresión de género”, se lee en el documento. 

Acceso a la justicia

En 2024, de los 47 casos documentados en el informe, sólo en 29 se reportaron acciones legales, e incluso, el 53,1% de estos sigue en trámite y apenas un 2,1% logró una resolución favorable. 

El informe concluye con un llamado urgente a la comunidad y al Estado para adoptar medidas concretas que garanticen la protección de quienes defienden el medio ambiente. A pesar de los compromisos ratificados por el Acuerdo de Escazú, las condiciones actuales evidencian la ineficacia de las medidas de protección y la necesidad de avanzar en la defensa de los derechos de estos luchadores ambientales.